La investigación académica elaborada por Luis Antonio González y Jorge Federico Eufracio advierte que las políticas de transparencia y combate a la corrupción en Jalisco derivaron en una estructura de relaciones políticas, empresariales y sociales que los autores denominan “clientelismo corporativo”, donde organizaciones civiles, consultorías, universidades y gobiernos intercambian legitimidad, recursos y capital político.

El estudio, titulado Clientelismo corporativo y la industria anticorrupción en Jalisco, sostiene que el discurso de los “buenos gobiernos” y la transparencia dejó de funcionar únicamente como una herramienta de rendición de cuentas para convertirse en un mecanismo de competencia política basado en evaluaciones, rankings y certificaciones impulsadas por organismos como IMCO, GESOC y Aregional.

De acuerdo con la investigación, esta dinámica generó una “industria anticorrupción” integrada por actores públicos y privados que participan en la producción de indicadores, diagnósticos, consultorías y mecanismos de evaluación. Los autores señalan que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, creado en 2017, amplió esta estructura mediante la apertura de nuevos espacios institucionales, financiamiento y puestos especializados.

El texto plantea que el intercambio clientelar ya no ocurre únicamente mediante apoyos directos o favores políticos tradicionales, sino a través del intercambio de capital simbólico, económico y político entre actores colectivos. En ese esquema, organizaciones civiles y organismos evaluadores otorgan legitimidad pública a gobiernos y funcionarios mediante reconocimientos o indicadores de transparencia, mientras fortalecen al mismo tiempo su propia posición como actores “técnicos” y especializados.

La investigación menciona casos de “puertas giratorias” entre liderazgos empresariales y cargos públicos, como el de Xavier Orendain de Obeso, quien impulsó reformas relacionadas con el sistema anticorrupción desde el sector privado y posteriormente ocupó cargos dentro del gobierno estatal.

El documento indica que Jalisco es la entidad mexicana con más proyectos acordados con el Banco Mundial, con recursos comprometidos superiores a 373 millones de dólares, bajo esquemas vinculados a gobernanza, transparencia y modernización institucional.

Los investigadores sostienen que gran parte de los mecanismos de participación se concentran en sectores especializados y digitales, dejando fuera a poblaciones afectadas cotidianamente por prácticas de corrupción. También critican que, ante la baja participación ciudadana, las instituciones y organizaciones suelen atribuir el problema a la “apatía” social, sin revisar las limitaciones estructurales de sus propios mecanismos.

Como conclusión, los autores plantean que la transparencia se convirtió en un fin en sí mismo y no necesariamente en una herramienta para resolver problemas públicos. Señalan que la construcción de “buenos gobiernos” no puede limitarse a indicadores o reconocimientos institucionales, sino que debe traducirse en resultados concretos para la población.

GR