Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, en la que da cuenta de que el año pasado siete de cada 10 personas jaliscienses que tuvieron contacto con autoridades de seguridad fueron víctimas de un acto de corrupción.
El organismo estimó que, en el caso de Jalisco, 288 mil 915 personas mayores de 18 años habrían tenido contacto con autoridades de seguridad pública; en la cifra se incluye también a los policías viales.
De esa cantidad, 207 mil 129 fueron víctimas de corrupción, es decir, la tasa es del 71.69 por ciento, siendo la cuarta más alta del país, sólo después de Quintana Roo, Michoacán y Durango.
Además, las víctimas de corrupción generada desde una autoridad de seguridad representaron el 86.23 por ciento del total de víctimas de corrupción estimadas para Jalisco el año pasado.
Los datos del Inegi muestran que, en total, 335 mil 70 personas mayores de 18 años de Jalisco fueron víctimas de corrupción, es decir, el 13.51 por ciento de las casi 2.5 millones de personas que acudieron a realizar algún trámite o tuvieron contacto con alguna autoridad el año pasado.
Al desagregar por sexo, NTR encontró que hubo mayor prevalencia en hombres, ya que el 18.33 por ciento de los que tuvieron contacto con una autoridad fue víctima de corrupción. En mujeres el porcentaje fue de 9.54 por ciento.
La información también evidencia que una persona fue víctima en distintas ocasiones, dado que el Inegi estimó que en 453 mil 893 procesos hubo algún acto de corrupción, número que supera a la cantidad de víctimas.
POCOS DENUNCIAN
Pese a esta prevalencia de la corrupción en Jalisco, el nivel de denuncia es bajo. De las 335 mil 70 víctimas estimadas por el Inegi, sólo 17 mil 19 denunciaron, es decir, apenas el 5.1 por ciento del total.
El Inegi no desagrega por estado los motivos de no denunciar, pero sí presenta la información con estimado nacional. Ahí se indica que el principal motivo para no acudir ante el ministerio público tras actos de corrupción en México es porque lo consideran inútil, pues no habrá seguimiento. Así opinó uno de cada tres.
Otros motivos para no recurrir a la autoridad es considerar la denuncia como una pérdida de tiempo; creer que la corrupción es una práctica común porque previamente se obtuvo un beneficio; no tener tiempo; temer represalias, no saber a dónde acudir o dar algún regalo o dádiva.
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