La diputada panista Claudia Murguía Torres presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para eliminar las “mayorías artificiales” en el Congreso local, establecer como causal de nulidad la intervención del crimen organizado en elecciones y avanzar gradualmente hacia el uso total de urnas electrónicas.
La propuesta plantea modificaciones a los artículos 19, 36, 302 y 638 del Código Electoral estatal con el objetivo de fortalecer la representación proporcional, garantizar mayor equilibrio entre fuerzas políticas y blindar los procesos electorales frente a presiones o financiamiento ilícito.
Entre los puntos centrales destaca que, para la asignación de diputaciones de representación proporcional, cada partido político sea contabilizado de manera individual y no mediante la suma de votos de las coaliciones con el fin de evitar la sobrerrepresentación de bloques partidistas en el Congreso local.
La iniciativa también propone incorporar como causal de nulidad de la elección la infiltración o financiamiento del crimen organizado, así como amenazas o coacción que influyan en el resultado electoral. El criterio aplicaría aun sin una sentencia penal definitiva contra candidatos, ya que la autoridad electoral valoraría las pruebas sobre afectaciones al proceso comicial.
Otro de los cambios contempla la implementación gradual de urnas electrónicas; comenzaría con un 25 por ciento de cobertura para la elección de 2027 y aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 100 por ciento en 2036. Según la propuesta, esto permitiría agilizar la votación, reducir costos y ofrecer mayor certeza en el conteo.
Además, la reforma busca hacer obligatorios los debates entre candidaturas a presidencias municipales en los 125 ayuntamientos de Jalisco con la finalidad de que la ciudadanía pueda contrastar propuestas y perfiles de manera directa.
En materia de paridad de género se plantea que en aquellos municipios donde no haya gobernado una mujer para el año 2030 los partidos estén obligados a postular exclusivamente candidatas en el siguiente proceso electoral.
La legisladora argumentó que, debido a los plazos constitucionales que obligan a aprobar y publicar reformas electorales al menos 90 días antes del inicio del próximo proceso electoral, la propuesta fue presentada como reforma legal y no constitucional, ya que esta última requeriría la validación de los municipios.
Se prevé que la iniciativa pueda discutirse y eventualmente votarse el próximo 28 de mayo.
Sin sentencia
La reforma de Murguía Torres plantea que la nulidad de una elección por la intervención del crimen organizado aplique aun sin una sentencia penal definitiva contra candidatos.
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