El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) presentó el Diagnóstico para el Estado de Derecho en México y Jalisco y anunció la creación del Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública, un espacio que dará seguimiento a reformas constitucionales, decisiones judiciales y cambios institucionales mediante estudios, observatorios y reportes especializados.
El director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Marcos del Rosario, afirmó que el diagnóstico evalúa el impacto de las recientes reformas al Poder Judicial, los órganos autónomos y el sistema de seguridad, al advertir que, aunque eran necesarios cambios, estos deben fortalecer la independencia judicial, los derechos humanos y los contrapesos democráticos.
En el caso de la reforma judicial, alertó que la elección popular de juzgadores puede debilitar la carrera judicial y privilegiar la popularidad sobre el mérito.
Advierte que la desaparición de órganos autónomos puede concentrar poder y debilitar funciones como la transparencia y la protección de datos, mientras que las reformas en materia de seguridad deben preservar el debido proceso, los controles civiles y las garantías constitucionales.
Lorena Vázquez presentó el Radar de la Democracia y la Justicia, una publicación periódica que resume las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, incorpora argumentos legislativos, votaciones, antecedentes y referencias a documentos oficiales para facilitar su consulta por especialistas y público en general.
Por su parte, Jesús Ibarra dio a conocer los primeros resultados del Observatorio Judicial, que revisó 23 sentencias emitidas por juzgadores electos: 11 fueron clasificadas como favorables a la protección de derechos y 10 como regresivas.
El análisis identificó avances en algunos casos sobre derechos de migrantes, acceso al agua y prisión preventiva, pero retrocesos en materia electoral y de controles al poder, por lo que concluye que existe una protección desigual de los derechos.
Ibarra informó que el observatorio desarrollará un Índice de Garantía de Derechos para medir el impacto de las resoluciones judiciales sobre el Estado de derecho y generar información útil para litigantes, investigadores, periodistas, ciudadanía e inversionistas interesados en evaluar la certeza jurídica del país.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, afirmó que tanto el diagnóstico como el observatorio permitirán evaluar el desempeño del nuevo Poder Judicial y ofrecer elementos sobre la certeza jurídica que demandan inversionistas nacionales y extranjeros.
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