A casi dos años de su captura, el proceso judicial contra Ismael "El Mayo" Zambada entró en una etapa decisiva luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara formalmente que sea condenado a cadena perpetua durante la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de julio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
En el escrito presentado ante el juez Brian M. Cogan, la fiscalía sostiene que Zambada García fue durante décadas uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y lo identifica como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con el documento, el gobierno estadounidense atribuye a "El Mayo" la supervisión del tráfico de millones de kilogramos de cocaína, metanfetamina y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos, además de dirigir una estructura criminal involucrada en homicidios, secuestros, torturas y una amplia red de corrupción.
La fiscalía afirma que, tras la extradición de Joaquín Guzmán en 2017, Zambada asumió el liderazgo de la organización criminal hasta su captura en julio de 2024. Durante ese periodo, señala el escrito, el Cártel de Sinaloa distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína y obtuvo ganancias por miles de millones de dólares mediante el tráfico de drogas.
Asimismo, el Departamento de Justicia sostiene que el acusado ordenó asesinatos de integrantes de la propia organización, grupos rivales y funcionarios públicos, además de mantener una red de sobornos dirigida a policías, militares y políticos para facilitar las operaciones del cártel.
Además de la pena de prisión de por vida, la fiscalía solicitó el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad que, según las autoridades, corresponde a las ganancias ilícitas obtenidas por el Cártel de Sinaloa durante el liderazgo de Zambada. La cifra supera el decomiso impuesto anteriormente a Joaquín "El Chapo" Guzmán, al incluir tanto las operaciones realizadas cuando ambos dirigían conjuntamente la organización como las desarrolladas después de que Zambada quedó al frente.
En el documento, el gobierno estadounidense también pidió al juez considerar los riesgos de seguridad que representa el acusado incluso dentro del sistema penitenciario, al argumentar que aún existen integrantes del Cártel de Sinaloa leales a él y que podría mantener influencia sobre la organización desde prisión.
Aunque la fiscalía indicó que no se opone a que Zambada reciba atención médica especializada, solicitó que cualquier determinación sobre el lugar de reclusión considere el nivel de riesgo que representa como exlíder de una de las organizaciones criminales más importantes del mundo.
GR
