Después de permanecer estancadas por falta de acuerdos entre las bancadas, el Congreso de Jalisco aprobó las nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales, reformas que formalizan la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) y establecen un nuevo modelo institucional para garantizar ambos derechos. Los dictámenes estaban pendientes desde el 15 de enero.

Con 35 votos a favor, el pleno aprobó abrogar la legislación vigente y expedir la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y apertura institucional pública del estado de Jalisco y sus Municipios. El decreto deja sin efectos al Itei, que ya había desaparecido, así como cualquier disposición contraria al nuevo marco legal.

La reforma crea además la “agencia de transparencia de Jalisco” como un órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado, con autonomía técnica y de gestión para atender los asuntos de transparencia y protección de datos del Poder Ejecutivo y los Municipios. Estará integrada por una presidencia y dos consejerías designadas por el gobernador y ratificadas por mayoría calificada del Congreso, y sus resoluciones deberán emitirse de forma colegiada.

La nueva ley redefine a las autoridades garantes al incorporar a los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y universidades públicas autónomas en sus respectivos ámbitos. También amplía la definición de sujetos obligados para incluir a cualquier persona física o jurídica que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad.

El decreto establece un periodo de hasta 60 días naturales para que autoridades y sujetos obligados realicen las adecuaciones administrativas y los procesos de entrega-recepción. Durante la transición podrán suspenderse hasta por 60 días los plazos de expedientes en trámite y por 15 días las nuevas solicitudes presentadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

En una segunda votación, con 34 votos a favor, el Congreso aprobó la nueva ley de protección de datos personales, que armoniza la distribución de competencias entre la agencia de transparencia y las demás autoridades garantes, además de precisar las obligaciones de dependencias, Municipios, organismos autónomos, universidades, partidos políticos y cualquier persona que administre recursos públicos.

Entre los cambios se establece que las vulneraciones de seguridad que comprometan datos personales deberán notificarse a los afectados y a la autoridad garante en un plazo máximo de 72 horas. También se incorporan evaluaciones de impacto para nuevos tratamientos intensivos de datos y mecanismos de conciliación dentro del recurso de revisión.

La legislación mantiene las facultades de las autoridades garantes para realizar verificaciones, imponer medidas de apremio y sancionar incumplimientos con multas de entre 150 y mil 500 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 17 mil 596 a 175 mil 965 pesos, o arresto administrativo de hasta 36 horas, según corresponda.

Además, establece que las sanciones económicas no podrán cubrirse con recursos públicos y otorga a la agencia de transparencia un plazo de 90 días para emitir los lineamientos necesarios para aplicar la nueva ley.

Nueva agencia

La reforma de transparencia crea una agencia en la materia que será un órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado. Tendrá autonomía técnica y de gestión para atender los asuntos de transparencia y protección de datos del Ejecutivo y los Municipios.

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