Aunque la aprobación de las nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales puso fin a seis meses de incertidumbre jurídica en Jalisco, el coordinador del Observatorio para la Transparencia e Integridad Social (OTIS) de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), Rubén Alonso González, advirtió que la legislación avalada por el Congreso de Jalisco deja vacíos en el proceso de designación de la nueva agencia de transparencia y que su implementación deberá vigilarse para evitar discrecionalidad y atender el rezago de recursos acumulado desde noviembre del año pasado.
La principal observación del especialista se centra en la integración de la nueva agencia de transparencia, organismo colegiado que sustituirá el modelo unipersonal previsto inicialmente. Aunque consideró positivo que las resoluciones recaigan en tres personas y no en una sola, señaló que la ley no define con claridad cómo será el proceso de selección.
Explicó que si bien el gobernador emitirá la convocatoria y propondrá las ternas para su ratificación en el Congreso, la legislación no precisa los criterios de evaluación ni los tiempos del procedimiento y menos cómo se cubrirán vacantes o sustituciones. A su juicio, estos vacíos pueden abrir paso a decisiones discrecionales y designaciones con criterios políticos, por lo que planteó incorporar evaluaciones de órganos ciudadanos y especialistas.
Alonso recordó que hay consecuencias por el retraso de más de seis meses en la armonización de las leyes secundarias. Durante ese periodo se acumularon cientos o incluso miles de recursos de revisión que no pudieron resolverse porque las nuevas autoridades garantes carecían de facultades legales. A ello se suman los expedientes pendientes tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei).
De cara a su entrada en vigor, consideró necesario dar seguimiento a la instalación del subsistema estatal de transparencia, la designación de quienes integrarán la agencia de transparencia, la conformación del consejo consultivo y la armonización de reglamentos internos del Congreso, el Poder Judicial, la Universidad de Guadalajara y los organismos constitucionales autónomos.
El coordinador del OTIS destacó que la legislación mantiene el procedimiento para solicitar información y presentar recursos de revisión; incorpora el concepto de "información pública de interés social"; conserva un consejo consultivo con participación ciudadana, y abre la posibilidad de utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información pública.
Con el aval de la nueva ley de transparencia el pleno abrogó la legislación anterior. Así dejó sin efectos la relacionada con el Itei, que ya había desaparecido, así como cualquier disposición contraria al nuevo marco legal.
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