La presión social obligó a las autoridades de Jalisco a investigar la desaparición de un grupo de jóvenes en Guadalajara y Puerto Vallarta, casos que inicialmente fueron ignorados por el Gobierno estatal. Aunque los adolescentes de Vallarta fueron localizados, al menos ocho permanecen desaparecidos y todo apunta a que fueron reclutados por el crimen organizado.

Al respecto, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en Latinoamérica y el Caribe, condenó que México enfrente una crisis humanitaria reflejada en homicidios, desapariciones y cooptación de menores: “Ante las bajas de delincuentes, ya sea por arrestos o enfrentamientos, los cárteles buscan reemplazos y optan por adolescentes porque los consideran desechables” advirtió.

El activista reprochó que, a 15 años de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU solicitara al Estado mexicano tipificar el reclutamiento infantil como un delito autónomo, la propuesta siga congelada en el Congreso pese a que se han presentado casi 60 iniciativas al respecto.

Sobre los factores de riesgo, el especialista detalló que los grupos criminales eligen perfiles vulnerables, como jóvenes con entornos de violencia familiar, historial de adicciones o familiares asesinados o desaparecidos: “Los engañan diciéndoles que les darán información sobre sus familiares o la oportunidad de vengarse, pero les exigen ir solos y suelen ser promesas falsas”, alertó.

Finalmente, Pérez enfatizó que Jalisco atraviesa un punto crítico comparado con las crisis vividas en Guanajuato o Michoacán, por lo que urgió a las autoridades locales a actuar, sin esperar trámites burocráticos de colaboración que pueden tardar meses, periodo en el que las bandas delictivas continúan operando.

AL