Una familia denunció ante el DIF Zapopan irregularidades en los cobros y discriminación durante el proceso de inscripción de su hija, de dos, en el Nido No. 3 Irene Robledo.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, desde el inicio del procedimiento se les informó que la cuota de recuperación sería determinada con base en los ingresos conjuntos de ambos padres.

La familia señala que se les comunicó que correspondería una cuota equivalente al 10 por ciento, que posteriormente quedó establecida en cerca 2 mil 843 pesos mensuales.

Los padres aseguran que manifestaron su preocupación por el monto y solicitaron que se analizara la posibilidad de reducirlo considerando su situación económica. Sin embargo, sostienen que se les indicó que, si no aceptaban la cuota, su hija sería retirada de la lista de espera.

La familia explica que ambos padres trabajan de tiempo completo y que no cuentan con una red familiar suficiente para hacerse cargo de la menor durante su jornada laboral, ya que uno de los cónyuges es extranjero, por lo que el ingreso a la guardería representaba una necesidad para garantizar su cuidado.

Como parte del proceso, los padres participaron en entrevistas y en un estudio socioeconómico.

La familia afirma que pasaron por un infierno burocrático: presentaron comprobantes bancarios, registros de transferencias, información sobre los tipos de cambio, comprobantes de domicilio, escrituras, identificaciones y otros documentos para acreditar dicha obligación económica.

Sin embargo, señala que, después de diversas gestiones ante personal de las guarderías y del área de Contraloría del DIF, se les informó que no era posible modificar la cuota debido a que los criterios internos únicamente contemplaban determinados tipos de créditos otorgados por instituciones bancarias nacionales.

Señalan trato discriminatorio

Además, también denunciaron distintos tratos discriminatorios, el primero fue hacia el padre al que se le negó el servicio con el pretexto de que sólo atendían a madres de familia, mientras que a la madre le pusieron trabas por no ser de nacionalidad mexicana.

Otro de los señalamientos contenidos en la denuncia se refiere a la información personal proporcionada durante el estudio socioeconómico.

El padre relata que durante una entrevista informó sobre su condición dentro del espectro autista y explicó que recibe atención psicológica de un especialista.

Inicialmente se le indicó que ese gasto podría ser considerado dentro de sus egresos para evaluar una posible reducción de la cuota.

Por ello, presentó una carta elaborada por su psicólogo. Posteriormente, afirma que se le solicitó acudir al Centro de Autismo del DIF para acreditar nuevamente dicha condición, debido a que el documento expedido por un profesional extranjero no era considerado válido.

El denunciante considera que el manejo de esta información fue invasivo además de que la lista de espera del Centro de Autismo del DIF es de cinco años para poder recibir un diagnóstico.

La familia también señala que, previo al ingreso de la menor, se les solicitó cubrir en una sola exhibición el pago de inscripción y la primera mensualidad, por un monto superior a los 5 mil pesos.

Los padres aseguran que solicitaron alternativas, como realizar pagos semanales o contar con una semana adicional para cubrir el monto, pero recibieron como respuesta que el “sistema y los reglamentos” no permitían modificar las condiciones.

La familia sostiene que durante el proceso no se le mostró un reglamento que permitiera identificar dicha disposición.

GR