El Ayuntamiento de Zapopan ya analiza terrenos alternativos para reubicar el proyecto de vivienda para policías previsto en Mirador de San Isidro, aunque la decisión final aún corresponde al gobernador Pablo Lemus Navarro.

El alcalde Juan José Frangie Saade señaló que el tema ya fue planteado al gobernador, quien, dijo, está abierto a analizar la reubicación. Agregó que esperan definir el sitio a más tardar a mediados de la próxima semana.

Frangie explicó que Patrimonio de Zapopan le entregó un listado de predios, del cual descartó algunas opciones, mientras que otras continúan en revisión. Señaló que buscan un terreno que permita desarrollar el proyecto sin trasladar el conflicto a otra comunidad.

También mencionó que se revisan aspectos como la densidad permitida y las condiciones de movilidad.

El proyecto contempla edificios de 10 torres con 20 viviendas, por lo que el municipio también prevé realizar una socialización previa con las comunidades cercanas a los terrenos que sean considerados.

En caso de concretarse la permuta, el municipio entregaría un terreno propio para desarrollar las viviendas y recibiría de vuelta el predio de Mirador de San Isidro. Frangie Saade adelantó que, de recuperarlo, Zapopan buscaría convertirlo en un área verde similar a Colomos III, con andadores, vegetación y juegos de madera, además de conservar las especies del lugar.

El alcalde evitó pronunciarse sobre las reglas para que los policías puedan acceder a las viviendas, entre ellas la aportación de 200 mil pesos que se contempla en los criterios publicados, al señalar que ese tema corresponde al Ejecutivo estatal y al Congreso de Jalisco.

La posible reubicación ocurre mientras una jueza del Cuarto Distrito en Materia Administrativa analiza admitir un amparo promovido por vecinos de Mirador de San Isidro.

JUCOPO PIDE

INFORMES

Con 22 votos a favor y la abstención de toda la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Jalisco aprobó solicitar a Zapopan y al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) información, estudios técnicos y mesas de diálogo por el conflicto en Mirador de San Isidro, además de un informe sobre el desalojo del 30 de julio. También estudios hidrológicos, geotécnicos y topográficos del proyecto, licencias y permisos de construcción, un diagnóstico de Protección Civil sobre posibles afectaciones a inmuebles aledaños.

Entre las medidas aprobadas se encuentra solicitar al director del Ijalvi, Guillermo Medrano, la instalación de mesas de trabajo públicas con los vecinos para revisar la ejecución del desarrollo habitacional ubicado en avenida Valle de San Isidro, en el cruce con las calles Cardenal y Colibrí.

Se pidió al Ayuntamiento de Zapopan y al Ijalvi entregar al Congreso y a representantes vecinales los estudios que sustentan el proyecto, incluidos los hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y topográficos, así como las manifestaciones de impacto ambiental y los proyectos de ejecución.

El acuerdo contempla además que las autoridades informen qué licencias y permisos han sido tramitados o expedidos para la obra, entre ellos licencias de edificación, permisos de desmonte, dictámenes de trazo, usos y destinos y certificaciones de uso de suelo.

En materia de atención a los vecinos, se solicita al ayuntamiento realizar trabajos de bacheo y mantenimiento de luminarias, además de un diagnóstico de Protección Civil y Bomberos sobre el posible impacto de las obras en inmuebles aledaños y un plan para atender las afectaciones denunciadas.

Finalmente, el Congreso pidió un informe detallado sobre el operativo realizado el 30 de julio, cuando elementos de seguridad acudieron al predio para permitir la ejecución de las obras.

En la misma sesión se discutió otro acuerdo legislativo el cual pedía a Zapopan buscar otro terreno en el mismo municipio para reubicar la construcción de departamentos para policías, sin embargo, se empató con 16 votos a favor y 16 en abstención. Fue rechazado.

El conflicto surgió por la oposición de vecinos al proyecto habitacional, quienes han señalado falta de socialización y consulta, así como dudas sobre la disponibilidad de servicios y la existencia de estudios suficientes para determinar la viabilidad del desarrollo.

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