El gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro propuso al Congreso de Jalisco autorizar a los 125 municipios contratar financiamientos por más de 10 mil 300 millones de pesos, de los cuales alrededor de 6 mil 500 millones serían destinados a nueva infraestructura y 3 mil 800 millones a reestructurar o refinanciar créditos vigentes.

Entre los municipios con mayores montos máximos planteados se encuentran Guadalajara, con hasta 2 mil 357.2 millones de pesos; Zapopan, con hasta 2 mil 237.4 millones; Tlaquepaque, con hasta 412.5 millones, y El Salto, con hasta 162.6 millones.

La propuesta está contenida en la iniciativa de decreto 2996/LXIV, que plantea que los ayuntamientos puedan contratar uno o varios créditos simples durante 2026 y 2027, con instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones del mercado y con cargo a sus participaciones.

Los financiamientos para inversión pública productiva podrían destinarse a obras de infraestructura, agua, electricidad, telecomunicaciones, vías de comunicación, adquisición de vehículos de transporte, equipo de seguridad y equipo médico, entre otros conceptos.

En el caso de los créditos destinados a reestructuración o refinanciamiento, los municipios podrían utilizarlos para mejorar las condiciones de sus obligaciones de largo plazo vigentes.

La iniciativa establece que los financiamientos podrán tener un plazo máximo de 20 años. Para proyectos de inversión productiva contratados a más de 10 años, los municipios podrían pactar hasta 12 meses de gracia, es decir, sin abonar a la deuda exclusivamente para el pago de capital.

Como fuente de pago y garantía, los ayuntamientos podrían afectar de manera irrevocable parte de sus participaciones federales presentes y futuras, correspondientes al Fondo General de Participaciones y/o al Fondo de Fomento Municipal.

La propuesta también establece que cada municipio deberá contar con la aprobación previa y expresa de su cabildo, en la que se especifiquen las obras a financiar o los créditos que serán reestructurados. Además, las obligaciones deberán anotarse ante el Registro Estatal de Obligaciones de Jalisco y el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Jalisco para su análisis y discusión. De aprobarse, el decreto tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según la información publicada al 31 de julio de este año, la deuda pública general de Jalisco es de 32 mil 982.4 millones de pesos, de la que 3 mil 730 millones corresponde a créditos de diferente índole contratados por municipios. El resto corresponde a la deuda directa del estado, con más de 27 mil 297.5 mdp, y de organismos públicos descentralizados, con mil 954.8 mdp.

En octubre del año pasado el gobierno del estado renegoció la mayor parte de su deuda directa, concentrándola en nueve créditos que suman 24 mil 692 mdp, con plazo de pago hasta 2043.

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