Integrantes de organizaciones vecinales, colectivos, comunidades, especialistas y defensores del agua exigieron este domingo al gobierno de Jalisco transparentar los proyectos de infraestructura contemplados en su estrategia hídrica, revisar las cuentas de grandes consumidores y rechazar cualquier esquema que implique la privatización, directa o indirecta, del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Tras la realización de la Megamarcha por el Agua y el festival Agua KK Fest, los participantes señalaron como responsables de la situación a autoridades de los tres niveles de gobierno, directivos actuales y anteriores del Siapa, la Comisión Nacional del Agua, municipios y grandes consumidores de agua.
En un posicionamiento, los colectivos cuestionaron la estrategia hídrica estatal, cuyo costo, señalaron, pasó de una estimación inicial de alrededor de 25 mil millones de pesos a más de 42 mil millones de pesos para 32 intervenciones.
Ante ello, demandaron que cada obra cuente con proyecto ejecutivo, presupuesto, esquema de financiamiento, responsables de construcción y operación, costos de mantenimiento, impacto ambiental y mecanismos de vigilancia ciudadana.
Los manifestantes también cuestionaron el plan emergente del gobierno estatal, que contempla pipas, garrafones, vales, filtros, tinacos y plantas potabilizadoras móviles, con una inversión inicial de alrededor de 100 millones de pesos.
Consideraron que estas medidas son paliativas y reclamaron que tengan objetivos verificables y una fecha de conclusión, al advertir que la atención de emergencia no debe convertirse en una solución permanente.
Las organizaciones también rechazaron que el descuento de 80 por ciento anunciado para usuarios afectados sea considerado una reparación suficiente.
Sostuvieron que las familias han tenido gastos adicionales por la compra de agua embotellada y garrafones, filtros, limpieza de tinacos y cisternas y sustitución de equipos, por lo que plantearon que la compensación sea automática y retroactiva en las zonas donde existan evidencias de afectaciones en la calidad del agua.
Además, cuestionaron que sea la Junta de Gobierno del Siapa la que determine quién puede acceder a la compensación.
Otro de los puntos centrales fue el rechazo a la incorporación de inversión privada en infraestructura estratégica del Siapa mediante asociaciones público-privadas y esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación.
Los colectivos advirtieron que estos mecanismos podrían derivar en una privatización parcial de funciones del organismo operador.
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