Contratos con tinte de corrupción, una nómina inflada y con personal sin la capacidad para ocupar el cargo, deficiencias graves en la prestación del servicio y un total desorden administrativo han quedado en evidencia en las diferentes revisiones a las que se ha sometido al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). Lo más grave es que sobre esta misma podredumbre es que se quiere construir la solución.
Hasta ahora, las autoridades solo han planteado como salida a la crisis del agua el dinero. Es decir, las opciones que plantean son la recuperación de la cartera vencida y la millonaria inversión en obras.
Y no es que el pago de los adeudos deba dejarse a un lado. Los recursos serán importantes para las acciones que se emprenden para resolver la peor crisis de agua que ha enfrentado la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero al mismo tiempo, si no se revisa a fondo al Siapa, seguramente parte de esos recursos alimentarán la parte corrupta de su estructura.
Para comenzar es necesario que se revise la cartera vencida y el sistema de cobranza. Ayer, el periodista Lauro Rodríguez dio a conocer en NTR Guadalajara que en 2024 fue contratada la empresa Stratimex para que apoyara en la recuperación de la cartera vencida.
Los particulares recuperaron 146.71 millones de pesos (mdp), por lo que pudieron cobrar una comisión de 47.65 mdp. Ese mismo año, los trabajadores que están en la nómina del Siapa recuperaron 636.9 mdp.
Pero no es el único caso. El año pasado el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó al Siapa pagar 20 mdp a la empresa Barba Sais & Asociados, SC, la cual ganó en 2022 una licitación para prestar el servicio de cobranza y reducción o corte del servicio, pero nunca fue notificada. El Siapa entregó el contrato a otra empresa, a la que pagó por el servicio, por lo que con la resolución del tribunal tuvo que pagar doble.
Ambos casos corresponden a la administración anterior, ya con el gobierno de Movimiento Ciudadano, por lo que la aplicación de sanciones a los responsables de esas y otras irregularidades sería una buena señal.
Otro tema es la revisión de los adeudos. Con los cargos que se hicieron a los ayuntamientos, quedó claro el desorden administrativo del Siapa. Al menos San Pedro Tlaquepaque y Tonalá evidenciaron que el organismo intentaba cobrarles cuentas que no les correspondían, así como intereses sobre intereses, una práctica prohibida en la legislación mexicana. Tendría que revisarse si lo mismo ocurre con usuarios particulares.
También está la necesaria revisión de la nómina. El caso de Elizabeth Castro Cárdenas, quien cobraba 73 mil pesos al mes como asesora técnica del ex director Antonio Juárez Trueba, sin trabajar en el Siapa, solo era un caso más en un organismo que al menos desde la administración de Emilio González Márquez y, por supuesto, sus dos sucesores, se utilizó como espacio para colocar a amigos, novias y familiares de actores políticos.
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