Los recursos pagados a la ex presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Paula Ramírez, por 245 mil 504.16 por el concepto de vacaciones son irregulares, ya que el Manual de Administración del organismo señala que lo máximo que se pueden acumular son 30 días, mientras que a ella le pagaron 48.
En el documento se establece la posibilidad de acumular días de vacaciones, cuando no sea posible tomarlas en el periodo correspondiente, siempre y cuando lo autoricen la consejera presidenta o consejero presidente, secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo y la persona titular de la dirección a la que esté adscrito. Sin embargo, se señala que “en ningún caso podrá la servidora pública o el servidor público acumular más de treinta días de vacaciones”.
Ramírez comenzó el encargo como presidenta del IEPC el 27 de octubre de 2021 y el 9 de junio de este año anunció que renunciaba por “motivos personales”, a partir del día 30 de ese mismo mes. De esta forma, duró en la presidencia del organismo electoral menos de cinco años.
Al dejar el cargo, cobró un finiquito de más de 420 mil pesos brutos, de los cuales 245 mil 504.16 se le entregaron bajo el concepto de vacaciones. Este último monto equivale a 48 días de su sueldo, periodo al que no tenía derecho y que, según el Manual de Administración, exceden en 18 días lo que permite la norma.
Según lo señalado por el propio manual, ese documento “constituye el marco normativo básico para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco”.
Agrega que en dicho manual “se establecen las conductas y procedimientos que deben observarse durante la gestión institucional, las cuales complementan la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, ponderándose primordialmente el uso eficiente de los recursos, la rendición de cuentas y la operatividad”.
También precisa que lo señalado en el mismo es “de observancia general y obligatoria para las servidoras públicas y los servidores públicos del Instituto Electoral”.
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