A la contradicción en Morena mencionada la semana pasada se suma la emergencia de una nueva “oligarquía del bienestar”. No se trata necesariamente de una oligarquía económica tradicional, sino de una élite político-administrativa que concentra influencia, recursos y oportunidades de reproducción del poder mientras legitima su posición mediante un discurso de justicia social. El bienestar, entendido como derecho ciudadano, constituye una conquista indispensable; pero cuando se convierte en instrumento de legitimación política, puede contribuir a establecer relaciones de dependencia entre gobernantes y gobernados.
La distinción es fundamental. Una democracia socialmente justa no debería depender de la adhesión electoral de sus beneficiarios, sino de instituciones capaces de garantizar derechos con independencia de quién gobierne. El problema aparece cuando la distribución de beneficios se presenta como una concesión del movimiento gobernante y no como una obligación del Estado. Bajo esas condiciones, el ciudadano corre el riesgo de ser tratado más como receptor agradecido que como titular de derechos y sujeto de exigencia democrática.
La polarización contribuye a profundizar este proceso. Para una parte de la ciudadanía, los errores del gobierno pueden parecer secundarios frente a la posibilidad de que regrese la oposición; para otra, las irregularidades de sus adversarios adquieren una importancia que no siempre se concede a las propias. De esta manera, la evaluación del desempeño gubernamental queda subordinada a la pertenencia política. La evidencia pierde capacidad para modificar las convicciones y la crítica se interpreta como una agresión al grupo.
La banalización de la política adquiere una dimensión institucional: mientras se trivializan los escándalos, se relativizan las responsabilidades públicas y se convierte la rendición de cuentas en una disputa de lealtades partidistas, el Estado de derecho pierde capacidad para contener los abusos del poder. La nueva oligarquía del bienestar representa un riesgo por su reproducción bajo nuevos protagonistas y distintos argumentos de legitimación. Cuando la impunidad se normaliza, los privilegios se justifican por pertenencia política y la lealtad sustituye a la responsabilidad pública, la política deja de ser un espacio de deliberación y control democrático para convertirse en un instrumento de conservación del poder.
La transición democrática dejó pendientes importantes y los gobiernos del PRI y del PAN contribuyeron a la reproducción de prácticas patrimonialistas, clientelares y de concentración del poder. Por ello, la crítica a la 4T no debe construirse desde la nostalgia por el pasado, sino desde la exigencia de que una fuerza política que prometió superar esos vicios demuestre que es capaz de hacerlo.
La banalización del poder representa una amenaza para la democracia porque debilita los criterios con los que la sociedad distingue entre un gobierno legítimo y uno que simplemente conserva el respaldo de una mayoría. La popularidad no garantiza buen gobierno, como tampoco la victoria electoral concede un permiso para ejercer el poder sin límites.
La mayor contradicción de la 4T sería terminar normalizando los viejos vicios del poder mexicano bajo un discurso de superioridad moral. Cuando el escándalo deja de tener consecuencias, la corrupción se vuelve tolerable y la lealtad sustituye al juicio crítico, la transformación deja de ser una promesa democrática y comienza a convertirse en una justificación del poder por el poder mismo.
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