El recién aprobado Decreto de entornos digitales seguros para proteger a niñas, niños y adolescentes –aparentemente bajo una causa legítima– puede estar construyendo una nueva esfera de intervención sobre la vida privada: saber quiénes somos, qué edad tenemos, qué contenidos podemos recibir y qué conductas deben ser filtradas por plataformas bajo supervisión gubernamental.
La advertencia es obligada en un país donde durante los últimos años el poder público ha mostrado una creciente inclinación a resolver problemas sociales mediante más regulaciones, prohibiciones, registros y mayor capacidad de supervisión estatal.
El decreto obliga a las plataformas digitales a adoptar mecanismos para impedir que los menores accedan, sean expuestos o reciban mediante recomendación algorítmica contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Es bien conocida la tentación de convertir una finalidad legítima en una justificación para ampliar las facultades del poder. La seguridad pública ha servido para justificar sistemas de vigilancia, crear registros, ampliar facultades de inteligencia y producir nuevos mecanismos de identificación. No todas esas políticas son equivalentes ni tienen la misma justificación. Se trata de reconocer un patrón que una democracia debe observar con desconfianza: cada problema nuevo puede convertirse en una razón para otorgar al Estado una capacidad adicional de intervenir en la esfera privada.
Por supuesto que debemos proteger a los menores, pero ¿cuánto poder necesita el Estado para hacerlo y cuánto poder estamos dispuestos a entregarle para conseguirlo? Porque la libertad individual no desaparece únicamente cuando el gobierno prohíbe expresamente una conducta, también cuando debemos identificarnos para realizar una actividad cotidiana, o que nuestros contenidos sean filtrados por algoritmos, o que las plataformas tengan incentivos para retirar aquello que pueda generarles un conflicto con la autoridad.
¿Necesitamos saber quiénes somos todos para proteger a los menores? Es una cuestión de libertad. Una cosa es demostrar que alguien es mayor de edad; otra es demostrar quién es. La primera puede hacerse mediante mecanismos que preserven el anonimato. La segunda abre la puerta a una arquitectura digital en la que la identidad se convierte en condición para participar.
El Estado tiene derecho a intervenir cuando existen delitos o daños reales. Pero la democracia constitucional exige que la excepción no termine convirtiéndose en la regla y que la protección no termine sustituyendo a la autonomía. El Estado debe proteger al menor y exigir responsabilidad a las plataformas. Pero no debería convertir a todos los ciudadanos en sospechosos para conseguirlo. El Estado protector proporciona herramientas para que las personas puedan decidir. El Estado tutelar decide porque considera que las personas no saben hacerlo. Y cuando esa lógica se extiende, la pregunta es ¿qué les permitirá hacer el Estado?
Una democracia se mide por la cantidad de derechos reconocidos por la Constitución y también por la cantidad de espacios de libertad que deja fuera del alcance del poder. Si cada nueva amenaza social produce una nueva facultad de vigilancia, pronto tendremos un Estado poderoso para protegernos, pero ciudadanos débiles para decidir por sí mismos.
El paternalismo comienza cuando el Estado deja de proteger nuestra libertad y empieza a decidir qué debemos hacer con ella.
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