Hay una manera incómoda de discutir la democracia sin considerar la propaganda, los discursos oficiales o las trincheras partidistas y los datos. Cuando se colocan sobre la misma mesa las mediciones de Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House (FH), V-Dem y Transparencia Internacional (TI), aparece una fotografía de México que difícilmente puede despacharse con una consigna partidista.
El Democracy Index 2025 de la EIU coloca a México con 5.32/10 y en el lugar 81 de 167 países, dentro de la categoría de “régimen híbrido”. La medición considera “proceso electoral y pluralismo”, “funcionamiento del gobierno”, “participación política”, “cultura política” y “libertades civiles”.
En Freedom in the World 2026, México obtiene 58/100 puntos y permanece como país “parcialmente libre”: 26/40 en “derechos políticos” y 32/60 en “libertades civiles”. La organización reconoce la persistencia de una “democracia electoral”, pero identifica importantes deficiencias relacionadas con Estado de derecho, independencia judicial, corrupción, violencia e impunidad.
Democracy Report 2026 (V-Dem) coloca a México dentro de las “autocracias electorales”. La expresión puede resultar políticamente incómoda, pero tiene un significado metodológico preciso: la existencia de elecciones competitivas no basta para considerar liberalmente democrático a un régimen cuando se deterioran otras dimensiones fundamentales, particularmente los controles al poder, los derechos y el Estado de derecho.
Por últimos, el Índice de Percepción de la Corrupción 2026, publicado por TI coloca a México en 27/100 y en el lugar 141 de 182 países. El país mejoró un punto respecto del año anterior, pero perdió una posición en la clasificación internacional. El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de 13 fuentes independientes y recoge principalmente las valoraciones de expertos y empresarios. Cero significa una percepción de muy alta corrupción y 100 una percepción de muy baja.
Los cuatro instrumentos dialogan entre sí: una democracia requiere elecciones; pero también reclama instituciones capaces de impedir que el poder utilice las instituciones públicas para escapar de los controles. Necesita jueces independientes, transparencia, rendición de cuentas, libertad de prensa, órganos de vigilancia y capacidad efectiva para investigar y sancionar abusos.
La corrupción es la otra cara de la debilidad institucional. No es casual que TI vincule explícitamente corrupción, justicia, Estado de derecho, democracia, integridad política, espacio cívico y libertad de prensa. Su diagnóstico advierte que la corrupción y la impunidad deterioran las instituciones democráticas y favorecen la penetración del crimen organizado en la política. El problema de México es qué ocurre con las instituciones que deberían limitar al poder después de que las urnas han hablado.
Los indicadores no son equivalentes ni utilizan la misma metodología. Tampoco permiten afirmar que México haya dejado de ser una democracia. Pero resultan demasiado significativa para ignorarla. México puede mantener elecciones, partidos, campañas, urnas y alternancia, y al mismo tiempo experimentar un deterioro en las condiciones institucionales que hacen posible que una democracia sea algo más que un mecanismo para contar votos.
La democracia no se agota en las elecciones. También puede erosionarse cuando los contrapesos se debilitan; las instituciones de vigilancia pierden autonomía; la justicia deja de ser un límite eficaz al poder; la corrupción encuentra espacios de impunidad y cuando la rendición de cuentas se transforma en una promesa retórica.
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