La política comienza a degradarse cuando el escándalo deja de escandalizar, la corrupción se convierte en un episodio más de la confrontación partidista y la responsabilidad pública termina subordinada a la lealtad hacia quienes ejercen el poder. México parece transitar por ese terreno incómodo en el que las contradicciones de los gobernantes ya no necesariamente provocan indignación, sino que son justificadas, minimizadas o descalificadas como parte de una disputa entre adversarios.
La llegada de Morena y la autodenominada cuarta transformación (4T) no inventó los vicios de la política mexicana, pero sí planteó una promesa de regeneración moral cuya distancia respecto de determinadas prácticas del poder merece una revisión crítica.
La banalización de la política no consiste simplemente en la acumulación de escándalos, errores o actos de corrupción. Es un fenómeno más profundo: la pérdida progresiva de significado de los principios que deberían orientar el ejercicio del poder democrático. La política se banaliza cuando la discusión de los problemas públicos es desplazada por la promoción de liderazgos; cuando la deliberación cede ante la propaganda; cuando la responsabilidad institucional se confunde con la obediencia partidista y cuando la ciudadanía se convierte en audiencia, clientela electoral o destinataria de beneficios gubernamentales.
Claudia Sheinbaum es heredera de un movimiento que construyó su legitimidad sobre la denuncia de la corrupción, los privilegios y la subordinación de las instituciones a los intereses de una élite. Sin embargo, el desafío de gobernar ha puesto de manifiesto que la legitimidad electoral no resuelve por sí misma los problemas de responsabilidad pública, transparencia y control del poder.
Mientras la 4T reivindica la regeneración moral de la política, contribuye a normalizar prácticas que históricamente cuestionó, debilitando los contrapesos y desdibujando las fronteras entre el interés público y los intereses partidistas. Esta dinámica alimenta la banalización de la política, entendida como la pérdida de trascendencia de los principios democráticos, la normalización del escándalo y la sustitución de la responsabilidad institucional por la lealtad partidista, la propaganda y el cálculo electoral.
La banalización del poder se manifiesta también en la distancia entre el discurso de austeridad y las controversias relacionadas con el patrimonio, los conflictos de interés y el comportamiento de integrantes de Morena y la 4T. La crítica debe descansar en la exigencia de investigaciones independientes, explicaciones verificables y consecuencias institucionales cuando se acreditan responsabilidades.
Precisamente ahí aparece una de las contradicciones más profundas de Morena: la fuerza política que hizo de la corrupción una de sus principales banderas de legitimación enfrenta ahora el desafío de demostrar que sus principios son aplicables también a sus propios integrantes. La ética pública no puede funcionar como instrumento de propaganda contra los adversarios y convertirse en una consideración secundaria cuando las irregularidades involucran a los aliados.
Los escándalos (y las maromas para justificarlos) que envuelve al INE y a Guadalupe Taddei, así como los cuestionamientos sobre su cercanía con Morena y las presuntas redes de influencia política que comprometen la imparcialidad del organismo, constituyen un síntoma más de la progresiva degradación de la vida pública mexicana. El problema adquiere una dimensión institucional cuando el árbitro electoral queda expuesto a sospechas de subordinación al poder político.
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