Cuentan en los pasillos de esta vecindad que la sequía de ideas por fin se alivió con una buena dosis de pragmatismo político, luego de que el gobernador Pablo Lemus y las y los alcaldes metropolitanos decidieran mandar una iniciativa al Congreso estatal para condonar el pago del agua en las 627 colonias que sufren los estragos de los tandeos. La medida contempla que quienes ya pagaron su cuota anual reciban una bonificación para 2027 y que los despistados que no han cubierto el recibo se libren de hacerlo, todo de manera automática y sin hacer filas en el Siapa. A ver si los diputados se apuran a palomear el decreto sin ponerle peros a una crisis que obligó a más de uno a hacer malabares con cubetas y pipas. Por cierto: promoción válida sólo de octubre a diciembre.
A fin de cuentas, la lógica gubernamental apunta a que no se puede cobrar por un servicio que brilló por su ausencia, reconociendo que los tandeos implicaron almacenar líquido, limitar el consumo o gastar extra en agua de garrafón. Con 258 colonias en Guadalajara, 210 en Zapopan, 111 en San Pedro Tlaquepaque y 48 en Tonalá, esperemos que esta iniciativa sea un pequeño alivio tras un año de sufrimiento y escasez.
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Los encargados de la seguridad estatal comparecieron ante el Congreso de Jalisco durante cinco horas, tiempo suficiente para que los funcionarios defendieran con uñas y dientes sus protocolos, pero sin atreverse a revelar quién dio la orden de lanzar gases lacrimógenos y chorros de agua durante la protesta del 11 de octubre en Casa Jalisco. Roberto Alarcón se lavó las manos al asegurar que su coordinación carece de facultades operativas, mientras que Juan Pablo Hernández presumió que 27 elementos están bajo la lupa interna y que 237 policías fueron llamados a declarar, aunque sin dar ningún nombre de los altos mandos responsables de la represión.
Del otro lado, el fiscal Salvador González sacó a relucir una lista de 14 carpetas de investigación y cerca de 45 personas citadas por posibles agresiones, eso sí, evitó tocar el tema de las denuncias sobre lo ocurrido antes de que los detenidos pisaran su dependencia, al tiempo de que Carlos Arias optó por el silencio absoluto ante la pregunta de si alguien sería separado de su cargo. Entre tanto, legisladores como Mariana Casillas y Enrique Velázquez no se guardaron los reproches ante la opacidad de la cadena de mando y el misterioso grupo de choque de 400 integrantes mencionado por el gobernador Pablo Lemus.
Total que se fueron las dos rondas de preguntas intentando descifrar el jeroglífico de las decisiones operativas y las notables diferencias entre el operativo del 11 de octubre y el implementado en la marcha del día 18. Pese al maratónico interrogatorio, los mandos optaron por el blindaje institucional y las respuestas evasivas, confirmando que en estos careos la única constante es el misterio sobre quién firma las órdenes cuando las cosas salen mal, dejando a los legisladores con las manos vacías y a la ciudadanía con las mismas dudas de siempre sobre quién manda realmente en las corporaciones policiales.
Finalmente, Daniela Álvarez y Luis Antonio Palacios, víctimas de la represión del 11 de octubre, llegaron a reclamarles en la cara a los mandos policiales los abusos, golpes y torturas sufridos durante la marcha por el agua. Ante la exigencia directa de disculpas públicas, respuestas claras y la inmediata destitución del fiscal estatal por las mentiras en torno al caso, los funcionarios se refugiaron en promesas de colaboración y frases de manual, pues ninguno se atrevió a levantar la mano para asumir la culpa de los operativos.
BG/I
