La comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del gobierno de Jalisco ante el Congreso local concluyó después de cinco horas sin que se aclarara quién ordenó el uso de gases lacrimógenos, chorros de agua y detenciones durante la primera Megamanifestación por el Agua Limpia del 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco. Los funcionarios defendieron la aplicación de los protocolos y reportaron investigaciones contra policías, pero no identificaron a los responsables de las decisiones operativas. 

Ante las comisiones de Seguridad y Justicia y Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, negó haber instruido el uso de la fuerza, agua o gases durante la movilización. En otra intervención, afirmó que desconocía quién autorizó esas acciones y sostuvo que su coordinación no tiene facultades operativas. 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan Pablo Hernández González, aseguró que el operativo se apegó a los protocolos y al marco legal. Además, informó que 237 policías que participaron en el despliegue fueron llamados a comparecer y que 17 elementos, entre ellos tres mandos, son indagados; sin embargo, no precisó quién dio las instrucciones para utilizar la fuerza. 

El titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos, reportó 14 carpetas de investigación en Visitaduría y una más en la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Tortura. También informó que cerca de 45 personas fueron citadas por posibles agresiones policiales.  

Sobre las 39 detenciones realizadas, dijo que las personas recibieron atención médica y que se siguieron los procedimientos establecidos, pero no aclaró las denuncias sobre lo ocurrido antes de su llegada a la Fiscalía. 

El titular de la SGG, Carlos Arias Madrid, tampoco ofreció nombres ni precisó qué funcionarios podrían ser separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. 

Ante las respuestas, la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero, cuestionó que los funcionarios no identificaran a quienes autorizaron el uso de gases, chorros de agua y detenciones, ni explicaran quién permitió que Casa Jalisco fuera utilizada como lugar de retención. También pidió conocer las órdenes de operación y los documentos que respaldaran las decisiones tomadas durante la movilización. 

La legisladora señaló que las explicaciones de los funcionarios no respondieron a las denuncias de tortura, amenazas y agresiones contra personas detenidas, y cuestionó que hubiera manifestantes sujetos a procesos penales mientras no se conocían responsabilidades de los policías señalados. Además, pidió información sobre las investigaciones penales y administrativas contra los elementos. 

El diputado de Hagamos Enrique Velázquez González también cuestionó la falta de claridad sobre la cadena de mando y la presunta participación de un grupo de choque de alrededor de 400 personas, cifra mencionada por el gobernador Pablo Lemus Navarro. Preguntó por qué no se contuvo a quienes habrían provocado los enfrentamientos y quién autorizó las acciones policiales. En respuesta, Alarcón Estrada negó que los protocolos hubieran fallado, mientras Hernández González defendió que la actuación se ajustó a la legislación. 

El resto de los diputados que participó en las dos rondas de preguntas planteó cuestionamientos similares sobre quién ordenó el uso de la fuerza, las detenciones, la actuación de los mandos y las diferencias entre el operativo del 11 de octubre y el desplegado durante la manifestación del día 18.  

No obstante, las respuestas no aportaron mayores detalles sobre las decisiones operativas ni permitieron identificar a los responsables pese a las cinco horas que duró la comparecencia. 

Sobrevivientes exigen disculpas y salida del fiscal 

Disculpas públicas, la destitución del fiscal estatal y respuestas sobre las investigaciones contra los policías que los agredieron fueron algunas de las exigencias que dos sobrevivientes de la represión durante la marcha por el agua del 11 de octubre llevaron al Congreso de Jalisco.  

Frente a los cuatro funcionarios, Daniela Álvarez Cepeda y Luis Antonio Palacios Vázquez relataron golpes, amenazas, tortura y detenciones arbitrarias; sin embargo, ninguno de los funcionarios ofreció disculpas ni respondió directamente a las peticiones de renuncia y destitución. 

Daniela Álvarez, médica de profesión, rechazó que los hechos se reduzcan a actuaciones individuales de algunos policías y señaló que existió una cadena de violencia institucional en la que participaron distintas autoridades, tanto por acción como por omisión.  

Relató que durante la manifestación fue sometida con agua a presión, sujetada por cinco hombres encapuchados, golpeada, insultada y jalada del cabello, lo que le provocó múltiples contusiones y un esguince cervical. 

“Vergüenza para quienes nos están mintiendo en la cara”, expresó al cuestionar las respuestas institucionales sobre lo ocurrido. También reprochó que pese a las denuncias y las lesiones documentadas se pusiera en duda que hubieran sufrido tortura.  

Por su parte, Palacios Vázquez relató que más de 10 policías encapuchados lo derribaron y golpearon junto a su pareja con macanas y patadas en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza y el rostro. Aseguró que ambos fueron trasladados a Casa Jalisco y que su pareja recibió atención hospitalaria hasta alrededor de las 9 de la noche pese a que la detención ocurrió cerca de las 2 de la tarde. 

“Fiscal, por sus mentiras, exijo su destitución”, manifestó ante los funcionarios. Además, pidió conocer la situación jurídica de las personas detenidas, las razones de las carpetas de investigación abiertas en su contra y si existe alguna indagatoria contra quienes utilizaron una manguera de agua a presión para dispersar a los manifestantes. 

No obstante, las peticiones no recibieron una respuesta directa: el secretario general de Gobierno aseguró que no habrá impunidad y el secretario de Seguridad prometió colaborar con organismos de derechos humanos para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, mientras que el fiscal invitó a los sobrevivientes a presentar denuncias sobre las irregularidades cometidas durante su detención. 

BG/I