Si los policías preventivos de la Secretaría de Seguridad del Estado son alrededor de 2 mil 500, significa que serán citados por el represivo operativo frente a Casa Jalisco nueve de cada cien elementos. La cifra no incluye a los agentes viales, ni a los estatales de caminos. Pero da una idea de cuántos uniformados movilizó el gobierno estatal el 11 de octubre durante la manifestación para demandar agua potable que, en vez de recibir atención y soluciones, acabó dispersada con agua a presión, toletazos, detenciones, torturas y gas lacrimógeno. ¿Quiénes lo ordenaron?, y ¿quiénes eran sus mandos superiores?, siguen sin respuesta.
Hasta ahora el titular de la secretaría, Juan Pablo Hernández, quien estuvo presente en el operativo, ha dicho que él no dio la orden. Por lo pronto, a 17 elementos los investiga Asuntos Internos por los abusos cometidos contra manifestantes; a uno, a golpes le tumbaron cinco dientes; a otro, le fracturaron las cervicales, como informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; una, sufrió dos convulsiones cuando estaba detenida; y decenas fueron arrastrados, golpeados, amenazados y torturados. Sin contar que hasta pertenencias les robaron… como sucedió en el “halconazo” del 5 de junio de 2020.
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El tema de la represión a los manifestantes el 11 de octubre llegó al Congreso del Estado. Y, sin tantita pena, ni sensibilidad, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra del acuerdo para que sean indemnizadas las víctimas que presentaron denuncia y se repare el daño. Sin embargo, el exhorto al gobierno estatal, promovido por Morena, fue aprobado por 20 votos… contra 10 de la bancada naranja.
Y para que las agresiones policiales sean investigadas objetivamente, la oposición propuso un acuerdo para exigir al gobernador Pablo Lemus Navarro separar del cargo al titular de la Secretaría de Seguridad e investigar su responsabilidad. Peeeeeeero los legisladores de MC, Verde (naranja), PAN y PRI votaron en contra. O sea, todo quedará en familia; la secretaría seguirá investigándose a sí misma.
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Las instituciones que atienden la crisis de desapariciones solicitaron más personal y equipo especializado para fortalecer las búsquedas, investigaciones e identificación de personas. Víctor Hugo Ávila Barrientos, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, pidió impulsar una reforma federal para que estas dependencias puedan ampliar sus plantillas sin las restricciones presupuestales actuales.
En la mesa de trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas, el representante del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses expuso la importancia de fortalecer los procesos de genética forense, la contratación de personal especializado y la capacidad de identificación humana. ¿El presupuesto estatal 2027 fortalecerá los recursos destinados a las personas desaparecidas en Jalisco?
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Del orden del día de la sesión del Consejo General del INE se retiró la propuesta de reincorporar como vocal ejecutivo, en Nayarit, al ex secretario técnico del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco Christian Flores, quien olímpicamente se autoindemnizó con más de 684 mil pesitos.
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Al comenzar septiembre la Junta Local de Coordinación Política del Congreso Estatal aprobó que se entregara en sesión solemne un reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas por su trayectoria política, como líder del movimiento social y político que transformó al país. Lamentablemente el ingeniero falleció esta semana.
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