Las instituciones de Jalisco que atienden la crisis de desapariciones solicitaron más personal y equipo para fortalecer las búsquedas, investigaciones e identificación de personas. Durante una mesa de trabajo de cara al presupuesto de egresos de 2027, realizada ayer en el Congreso de Jalisco, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), Víctor Hugo Ávila Barrientos, propuso impulsar una reforma federal que permita ampliar las plantillas sin las actuales restricciones presupuestales.

El funcionario explicó que el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios limita el crecimiento anual del gasto en servicios personales. Por ello, pidió que el Congreso de Jalisco solicite a la Cámara de Diputados federal una excepción para las instituciones dedicadas a la búsqueda, identificación y atención a víctimas.

La Cobupej pasó de 190 trabajadores al cierre de 2025 a 244 en la actualidad tras recibir un incremento presupuestal el año pasado; sin embargo, Ávila Barrientos señaló que aún necesita más personal para ampliar las búsquedas en campo y las labores de análisis e investigación.

Por su parte, la titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas (VPD), Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, solicitó plazas para abrir al menos nueve agencias del Ministerio Público especializadas en casos de larga data tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) como en el interior del estado. 

Estas agencias, de crearse, atenderían investigaciones de personas desaparecidas desde hace años que requieren estrategias distintas a las de los casos recientes. Aunque la reforma federal de julio de 2025 establece su creación, la Vicefiscalía no recibió nuevas plazas este año, entre otros motivos, por el proceso para convertirse en una fiscalía independiente.

Cada agencia necesitaría, como mínimo, un agente del Ministerio Público, dos auxiliares, tres policías investigadores dedicados exclusivamente a estos casos y un equipo multidisciplinario para análisis de contexto. La funcionaria también planteó crear un área de delitos cibernéticos relacionados con desapariciones ante el uso de redes sociales, telefonía y aplicaciones.

Trujillo Cuevas advirtió que la falta de personal aumenta la carga de trabajo de las agencias actuales. Como ejemplo, indicó que una de ellas tiene 470 personas desaparecidas bajo la responsabilidad de un solo agente del Ministerio Público, lo que dificulta dar seguimiento a las investigaciones y atender a las familias.

Además de las plazas, la Vicefiscalía solicitó un dron, dos georradares y un dron acuático para ampliar las capacidades de búsqueda en distintos terrenos y cuerpos de agua. Según la funcionaria, Jalisco no cuenta con este último equipo pese a la realización de operativos en ríos y lagunas.

En tanto, el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Alejandro Axel Rivera Martínez, informó sobre un proyecto de 50 millones de pesos para fortalecer la genética forense y la atención a familiares de personas desaparecidas.

Como parte de esta estrategia, algunas muestras genéticas se enviarán a laboratorios particulares para su procesamiento y así reducir el rezago. Rivera Martínez aclaró que el IJCF conservará los análisis periciales, el cotejo de perfiles genéticos, la consulta de bases de datos y la elaboración de dictámenes, y aseguró que no se transferirá información personal o sensible.

Familias exigen mejores condiciones y atención

Familiares de personas desaparecidas cuestionaron la distribución del presupuesto y los resultados de las instituciones encargadas de atender la crisis en Jalisco. Durante una mesa de trabajo sobre el presupuesto de egresos de 2027, reclamaron falta de personal, condiciones laborales precarias, retrasos en apoyos económicos y deficiencias en las labores de búsqueda e investigación.

El vocero del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores González, señaló que las instituciones están rebasadas, pero advirtió que ampliar sus plantillas no será suficiente si no se garantizan mejores condiciones laborales. Expuso que algunos ministerios públicos y trabajadores de la Cobupej firman contratos cada tres meses pese a que realizan investigaciones y operativos que implican riesgos para su integridad y la de sus familias.

En su intervención, Esperanza Chávez Cárdenas, de Por Amor a Ellxs, señaló que las familias con casos de larga data requieren una atención diferenciada, particularmente en materia psicológica, pues el desgaste acumulado durante años de búsqueda también afecta su salud. Además, cuestionó que algunas cámaras del Escudo Urbano C5 no proporcionen imágenes útiles cuando las familias solicitan apoyo para localizar a sus seres queridos. Miguel Ángel Vidal 

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