Organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el país denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de la impunidad en las agresiones contra personas defensoras en México y solicitaron medidas concretas para garantizar su acceso a la justicia.
La denuncia la realizaron ayer durante una audiencia pública convocada por la CIDH en la que también participaron autoridades federales y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones mencionaron que tienen documentados los asesinatos de 103 personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de otras 10 entre enero de 2022 y septiembre de 2026; sin embargo, el 96.5 por ciento permanece impune.
“La falta de justicia prolonga el daño a las víctimas, sus familias y comunidades. Además de favorecer nuevas agresiones, genera miedo, desgaste emocional y económico, y puede obligar a las personas defensoras a desplazarse, limitar o abandonar su labor”, señalaron en conjunto.
Además, solicitaron al Estado mexicano reconocer la magnitud del problema y adoptar una estrategia de investigación y persecución penal que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales y garantizar la participación y protección de las víctimas.
Ante la denuncia, las organizaciones informaron que el Estado mexicano asumió los compromisos de crear: un plan nacional de implementación del protocolo homologado para la protección de las personas defensoras y la difusión del mismo de manera accesible; el registro homologado de delitos contra las personas defensoras; una mesa de trabajo para atender los 113 casos de homicidios y desapariciones de personas defensoras publicados; la valoración de crear una fiscalía especializada para agresiones a personas defensoras, y la aceptación del apoyo por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas.
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