Después de 17 meses de que el Congreso de Jalisco aprobara la reforma constitucional para crear la fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, el Poder Ejecutivo publicó el decreto en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’. La modificación entrará en vigor este 30 de octubre, aunque la nueva institución todavía no comenzará a operar, pues primero deberán adecuarse las leyes secundarias.
El decreto 29838/LXIV/25 fue aprobado por el Congreso local el 29 de mayo de 2025, pero su publicación ocurrió hasta el 29 de octubre de 2026. Con ello se reforman los artículos 21, 35, 35 Bis, 53, 59 y 74 de la Constitución Política del Estado para establecer la fiscalía especializada y dotarla de autonomía técnica, administrativa, de gestión y presupuestal.
La nueva institución tendrá a su cargo investigar y perseguir los delitos de tortura, ejercer acción penal ante los tribunales y desarrollar estrategias de prevención; sin embargo, su entrada en funciones dependerá de que el Congreso apruebe las modificaciones correspondientes a las leyes secundarias, para lo cual dispone de un plazo de 180 días naturales.
Mientras se concreta ese proceso, la Fiscalía del Estado mantendrá la estructura, los procedimientos y las atribuciones que actualmente ejerce en materia de investigación de tortura. Además, el gobierno estatal deberá realizar gradualmente las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias.
La reforma establece que la persona titular de la fiscalía antitortura durará siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y solo podrá ser removida por el Congreso a petición del Ejecutivo por causa grave.
Para su designación el Congreso deberá emitir una convocatoria pública y recibir las opiniones técnicas del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción sobre los perfiles aspirantes. Posteriormente, el gobernador presentará una terna y los diputados elegirán a la persona titular por mayoría calificada de dos terceras partes.
Si no se alcanza ese consenso con dos ternas, la designación se resolverá mediante insaculación entre las personas propuestas. Una vez realizadas las adecuaciones legales y presupuestales, el Congreso podrá emitir la convocatoria para elegir a quien encabezará la nueva Fiscalía.
UN PERIODO ESPECÍFICO
Según la reforma ya oficializada, la persona titular de la fiscalía antitortura durará siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección. Solo podrá ser removida por el Legislativo a petición del Ejecutivo por causa grave.
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