Alrededor de 230 policías estatales, entre mandos y elementos operativos, serán citados a declarar ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) por su participación en el operativo desplegado durante la Megamarcha por el Agua Limpia del 11 de octubre en Casa Jalisco.
Así lo indicó el titular de la SSE, Juan Pablo Hernández González, quien recordó que hasta el momento se ha identificado a 17 policías por presuntos abusos contra manifestantes; entre ellos hay varias mujeres.
No obstante, la investigación contempla llamar a todos los elementos que aparecen en la lista de servicio y que participaron en el dispositivo, independientemente de la zona en la que estuvieron asignados.
El funcionario detalló que los policías se distribuían en grupos de entre 17 y 20 integrantes, por lo que algunos se encontraban en puntos distintos de aquel donde se registraron los enfrentamientos.
Hernández González señaló que Asuntos Internos integra la investigación con testimonios y videos proporcionados por ciudadanos, en los que se observa la actuación de policías estatales durante la movilización. Añadió que él mismo comparecerá como parte del procedimiento.
El secretario indicó que esperan avanzar en los próximos días hacia la resolución de las indagatorias y subrayó que todos los elementos citados deberán rendir su informe sobre su participación en el operativo.
“Cualquiera que sea citado deberá rendir su declaración y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, advirtió.
APRUEBAN INDEMNIZAR A VÍCTIMAS DE ABUSOS
El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo para exhortar al gobierno estatal a destinar recursos económicos a la reparación integral del daño a las personas que denunciaron detenciones arbitrarias, lesiones, tortura y robo de pertenencias tras el operativo policial del estado en la primera Megamarcha por el Agua Limpia.
La propuesta, presentada por el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel de la Rosa Figueroa, plantea que la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) asigne y ejecute los recursos necesarios para indemnizar a todas las víctimas de los hechos ocurridos durante la movilización que partió de la glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco.
El acuerdo señala que durante el operativo hubo uso excesivo de la fuerza, encapsulamiento de manifestantes y detenciones de decenas de personas. También recoge testimonios sobre presuntas agresiones físicas, incomunicación y destrucción de teléfonos celulares por parte de elementos policiales.
Entre las denuncias se encuentra la retención de manifestantes en un espacio dentro de Casa Jalisco, donde, según los testimonios citados, habrían ocurrido golpes, amenazas y omisiones de atención médica.
El documento también refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso el 15 de octubre para investigar posibles violaciones graves a los derechos humanos. Además, recuerda que el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció errores graves y uso excesivo de la fuerza durante el operativo.
La reparación propuesta no se limita a indemnizaciones económicas, sino que contempla la restitución de pertenencias, atención médica y psicológica, compensaciones por los daños físicos y económicos, así como garantías de no repetición y disculpas públicas.
El acuerdo también plantea que se implementen capacitaciones obligatorias en derechos humanos y protocolos para el control de multitudes dirigidas a los cuerpos policiales.
Solicita Legislativo informe a la CEDHJ de actuación en protestas
Por unanimidad, ayer el pleno del Congreso del Estado aprobó solicitar a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, un informe pormenorizado de la actuación de la defensoría durante las megamarchas por el agua limpia del 11 y 18 de octubre.
La ‘ombudsperson’ tendrá un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la aprobación del acuerdo para remitir al Congreso del Estado el informe.
En el caso de la marcha del 11 de octubre, en la que se registraron actos represivos de agentes estatales contra los manifestantes, a la CEDHJ se le pide un informe de su actuación que contenga “el número, cargos y funciones de las personas servidoras públicas desplegadas, los horarios y lugares en que estuvieron presentes, incluyendo Casa Jalisco, agencias del Ministerio Público y centros de detención, así como las actas circunstanciadas levantadas con fe pública y la evidencia documental, fotográfica y videográfica recabada”.
A Godínez González también se le piden detalles de la colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ente que atrajo las investigaciones de la represión a las afueras de Casa Jalisco. En este caso se pide aclarar las razones por las cuales no se atendió una solicitud de reunión, “las prórrogas solicitadas, así como la fecha y el contenido de la documentación efectivamente remitida”.
En el caso de la manifestación del 18 de octubre, se pide la información “que contenga las actas levantadas, las detenciones documentadas y la información recabada sobre la presencia de presuntos grupos infiltrados.
Finalmente, como parte del aval se dio luz verde a la comparecencia de Godínez González ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La cita deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la aprobación del acuerdo. Redacción
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