No fue una alucinación: al menos 8.5 por ciento de las colonias dentro del sistema de tandeos del Siapa se quedaron con la llave seca más allá de lo previsto. Ante el fracaso del calendario pasado, el director del organismo, Ismael Jáuregui, anunció ajustes que ahora dejarán a varias zonas sin una sola gota hasta por cuatro días seguidos.
La explicación oficial es que los ductos son complejos y el agua no alcanza a subir a las partes altas antes de que empiece la siguiente suspensión. Por su parte, el titular de la CEA, Luis Barboza Niño, prometió seguir monitoreando los reportes ciudadanos y no descartó nuevos cambios en las próximas semanas, así que agárrense.
Lo malo es que el nuevo modelo ya causó dolores de cabeza porque la gente no ha podido planear su vida cotidiana porque carece de certeza acerca de cuándo tendrá agua y si le llegará de calidad ni en qué cantidad. Como muestra está el reclamo de usuarios en redes que denunciaron que en Zapopan llevan más de cinco días sin una gota.
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La Antigua Central Camionera tendrá más ojos que la cuiden, o al menos eso prometen la Secretaría de Transporte y el C5 Escudo Jalisco. Resulta que decidieron ponerse las pilas en el perímetro con la instalación de 20 cámaras nuevas que se suman a las cinco que ya operaban.
El titular de la Setran, Diego Monraz, y el director del C5, Juan Carlos Contreras, se dieron su vuelta para supervisar el equipo y comprobar que los botones de pánico estén habilitados. Y es que el punto no es menor, pues por ahí pasan diariamente unos 4 mil pasajeros. En una segunda etapa van a conectar las cámaras de adentro y hasta las piensan enlazar con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Todo lo anterior está bien, son medidas preventivas, pero mientras no se ataque la verdadera causa del reclutamiento forzado y voluntario del crimen, como son la falta de oportunidades para jóvenes y la desigualdad, ni mil cámaras alcanzarán. Los grupos delincuenciales simplemente modificarán su estrategia y en vez de reclutarlos en la central lo harán en cualquier lugar como en restaurantes de comida rápida, algo que de hecho ya ocurre.
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Ver para creer: los tinacos gratuitos que el gobierno tapatío de Verónica Delgadillo repartió con bombo y platillo para aliviar la crisis del agua ya encontraron un nuevo destino: su comercialización a través de redes sociales.
Con una inversión de 20 millones de pesos aprobada por el cabildo hace ocho meses, la idea era apoyar a las familias afectadas por el desabasto con contenedores de 450 y 800 litros marcados con el sello oficial de la ciudad. Sin embargo, más de uno prefirió hacer negocio y ahora los ofertan en Facebook por montos que van desde los mil 800 pesos.
El detalle es que el control municipal parece haber sido muy laxo, pues los beneficiarios solo necesitaban presentar comprobante de domicilio e identificación sin que nadie se tomara la molestia de verificar si realmente requerían el apoyo o si tenían espacio para instalarlo. Ante el hecho, la Coordinación de Combate a la Desigualdad tuvo que abrir una investigación. Mientras tanto, el municipio pide a la ciudadanía no caer en la tentación de comprarlos y mejor reportar a los emprendedores del desabasto.
Este hecho pone de manifiesto que las políticas públicas sin planeación representan dinero de la gente gastado a lo tonto. Sería importante auditar ese programa propagandístico de tinacos para que el municipio justifique la necesidad, la población objetivo y la solución que se plantea. Muchos ciudadanos se han quejado de que es inútil que les regalen tinacos para llenarlos con agua turbia o para dejarlos vacíos si no hay agua. Que la gente los ande vendiendo sólo significa que regalaron tinacos que la ciudadanía no necesitaba: eso es incompetencia pura; el tema debe encender las alertas.
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En el DIF Guadalajara las cosas no marchan precisamente con empatía, pues las madres buscadoras que participan en el programa Acompañar las Ausencias alzaron la voz por una supuesta revictimización institucional. Resulta que les condicionaron la entrega de apoyos económicos a la realización de tres proyectos mensuales de sensibilización en escuelas y comunidades, obligándolas a reunir al menos a 10 personas por actividad y a lidiar con la presión de plazos reducidos sin ningún acompañamiento o garantía de seguridad. ¿De qué funcionario habrá sido esta gran idea?
