Las detenciones realizadas tras la megamarcha por el agua limpia del 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco pudieran constituirse como actos de tortura debido a las lesiones físicas y afectaciones psicológicas que presentaron las personas detenidas, señaló Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y quien pidió una investigación independiente de los hechos de represión.

De acuerdo con la organización, los testimonios de las víctimas y los certificados médicos permiten identificar agresiones que, además de ocasionar fracturas y contusiones en costillas y cabeza, dejaron secuelas emocionales y cambios en las actividades cotidianas de las personas afectadas.

En entrevista, Denisse Montiel explicó que los hechos reúnen los elementos establecidos en la legislación nacional e internacional para ser considerados tortura, entre ellos la participación de agentes estatales, la generación de daños físicos o psicológicos y la existencia de una finalidad específica.

En este caso, sostuvo que las agresiones habrían tenido como propósito castigar a quienes participaron en la protesta por el derecho al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y enviar un mensaje de intimidación para inhibir futuras movilizaciones sociales.

Montiel señaló que, particularmente en el caso de las mujeres, los testimonios refieren comentarios de los elementos de seguridad relacionados con su participación en la manifestación, lo que apuntaría también a un castigo basado en estereotipos de género.

Agregó que las afectaciones no se limitan a las lesiones documentadas, pues algunas víctimas presentan temor, enojo y recuerdos de las agresiones, además de haber modificado sus rutinas por miedo a salir a las calles.

Ante estos señalamientos, el Cepad consideró que las autoridades deben garantizar la atención médica y psicológica de las víctimas, así como cubrir los gastos derivados de los tratamientos y los procedimientos necesarios para documentar las agresiones.

También señaló que las investigaciones anunciadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) y la Visitaduría de la Fiscalía del Estado (FE) no garantizan independencia debido a que ambas instituciones están relacionadas con los hechos señalados.

Por ello, planteó que las indagatorias sean realizadas por instancias autónomas y que se investiguen tanto los actos de tortura como las privaciones de la libertad, que, recordó, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habría identificado como desapariciones forzadas de corta duración.

La entrevistada también cuestionó la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) luego de que ésta descartara actos de tortura tras las detenciones arbitrarias. Aseguró que personal del organismo estuvo presente en Casa Jalisco y pudo observar las condiciones en las que se encontraban las personas detenidas. 

LES TOCA

Montiel sostiene que las autoridades deben cubrir los gastos derivados de los tratamientos y los procedimientos necesarios para documentar las agresiones.

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