La Cuarta Transformación ha construido un discurso moral de que el viejo régimen convirtió al Estado mexicano en una maquinaria corrupta, capturada por intereses económicos y redes criminales. Morena llegó al poder prometiendo una regeneración de la vida pública. Sin embargo, a casi ocho años del inicio del ‘obradorato’, la pregunta es mucho más incómoda: ¿el nuevo régimen desmontó la relación entre política y crimen organizado o simplemente aprendió a administrarla políticamente?
La política de “abrazos y no balazos” fue presentada como un viraje histórico frente al fracaso militarista de los gobiernos anteriores. La idea parecía razonable: atacar las causas sociales de la violencia en lugar de profundizar la guerra. Pero la realidad terminó siendo más compleja. Mientras el discurso presidencial insistía en una pacificación moral del país, los grupos criminales expandieron su control territorial, fortalecieron sus economías ilegales y aumentaron su capacidad de intervención política en numerosas regiones del país.
El problema dejó de ser únicamente de seguridad pública y pasó a girar alrededor de la captura parcial del poder político por estructuras criminales regionales. Las acusaciones sobre gobernadores, alcaldes, operadores electorales y legisladores presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico ya no son episodios aislados ni rumores de campaña: se han convertido en un tema de preocupación geopolítica para Estados Unidos.
La reciente presión estadounidense sobre funcionarios de Sinaloa y las solicitudes de su extradición representan algo más profundo que un conflicto diplomático: evidencian una creciente desconfianza hacia la capacidad -o voluntad- del Estado mexicano para investigar sus propias redes de corrupción criminal.
El gobierno de Sheinbaum y las élites morenistas han reaccionado refugiándose en el discurso soberanista: Estados Unidos interviene, exagera, presiona y vulnera la dignidad nacional. El problema es que el soberanismo deja de ser una posición legítima cuando comienza a funcionar como escudo político frente a investigaciones judiciales graves. Defender la soberanía no equivale a blindar a funcionarios sospechosos de vínculos con el crimen organizado. Así, el discurso patriótico degenera en encubrimiento institucional.
La arenga morenista puede producir una erosión acelerada de la credibilidad democrática del régimen. Porque una democracia no se debilita únicamente cuando desaparecen elecciones libres; también se deteriora cuando los ciudadanos perciben que el acceso al poder garantiza impunidad. El movimiento que prometió moralizar la vida pública podría terminar normalizando la sospecha permanente sobre la colusión entre política y crimen organizado.
Para Washington, el narcotráfico dejó de ser un asunto policial para convertirse en un problema de seguridad nacional, particularmente por el tráfico de fentanilo. Si los epicentros políticos o de seguridad norteamericanos consolidan la percepción de que México protege a políticos bajo sospecha, la presión bilateral aumentará inevitablemente: sanciones financieras, restricciones diplomáticas, investigaciones extraterritoriales y condicionamientos comerciales.
El soberanismo populista funciona entonces como una herramienta emocional: desplaza la discusión sobre corrupción o criminalidad hacia un falso dilema patriótico. Quien cuestiona, “traiciona”; quien exige investigaciones, “sirve a intereses externos”; quien pide transparencia, “ataca al movimiento”.
Esa lógica es profundamente autoritaria. Porque el verdadero patriotismo democrático consiste en proteger instituciones capaces de investigar incluso a quienes gobiernan. El riesgo para Morena es terminar atrapado en la misma tragedia que destruyó al viejo régimen: normalizar una relación ambigua entre poder político, impunidad y criminen organizado.
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