La propuesta de realizar la revocación de mandato dentro del llamado “Plan B” no es un ajuste técnico menor: es una redefinición estratégica del sentido mismo de este instrumento democrático. Y, en esa redefinición, se encuentran sus mayores riesgos. Además, el proceso distrae la atención de las autoridades y la ciudadanía de los problemas reales del país, generando desgaste institucional y fatiga social.
La revocación de mandato es una válvula institucional para retirar del cargo a un gobernante que ha perdido legitimidad (no quién tiene una aprobación de 70 por ciento). Al sincronizarla con una elección constitucional y con campañas en curso se desdibuja su naturaleza y se convierte en un plebiscito de ratificación encubierto. La consulta dejaría de ser un juicio ciudadano para convertirse en una extensión de la contienda electoral. El votante no decidiría en función del desempeño presidencial, sino en clave partidista.
La simultaneidad con campañas abre la puerta a una contaminación cruzada entre propaganda electoral y propaganda gubernamental. En los hechos, el titular del Ejecutivo –o su coalición– podría beneficiarse de una exposición mediática extraordinaria, financiada directa o indirectamente con recursos públicos, bajo el pretexto de “informar” sobre la revocación. Esto rompe el principio básico de piso parejo en la competencia democrática.
Más aún, se corre el riesgo de institucionalizar una campaña permanente. Si cada elección intermedia viene acompañada de un ejercicio de revocación, el gobierno en turno tendrá incentivos para gobernar no con visión de largo plazo, sino con lógica de sobrevivencia electoral continua. La política pública se subordina al cálculo plebiscitario y la administración se convierte en campaña.
Hay también un problema de fatiga democrática. La sobrecarga de mecanismos participativos –cuando no están claramente diferenciados– puede erosionar su eficacia. Al mezclar elecciones representativas con ejercicios de democracia directa, se diluye la claridad del mandato ciudadano. En lugar de fortalecer la participación, se banaliza.
Pero el punto más delicado es institucional. En sistemas presidenciales como el mexicano, la estabilidad del Ejecutivo es un componente clave del equilibrio político. La revocación de mandato fue incorporada en la Constitución como una herramienta extraordinaria, con reglas específicas para evitar su uso faccioso. Alterar su diseño para alinearlo con calendarios electorales introduce un sesgo estructural: convierte un mecanismo de control en un instrumento de legitimación periódica.
En el fondo, la propuesta parece responder menos a una preocupación por la rendición de cuentas que a una lógica de acumulación de poder político. La coincidencia con 2027 no es neutra: permitiría al oficialismo convertir la elección intermedia en un gran referéndum sobre el proyecto en el poder, con el presidente o presidenta como eje movilizador. Es decir, lo que debería ser un contrapeso se transforma en un amplificador.
Si se lleva al extremo, este rediseño podría acercar al sistema mexicano a una forma de democracia plebiscitaria, donde la legitimidad del poder se renueva constantemente a través de consultas diseñadas desde el propio poder. Y esa deriva tiende a debilitar, no a fortalecer, las instituciones.
La revocación de mandato no es, ni debe ser, una herramienta de reafirmación política. Su fuerza radica en su carácter excepcional, en su distancia respecto de la lógica electoral ordinaria y en su capacidad de operar como un juicio ciudadano autónomo. Subordinarla al calendario electoral es, en los hechos, vaciarla de contenido.
jl/I
