La propuesta de reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum no es un simple ajuste técnico al sistema electoral mexicano ni un intento de abaratar las elecciones o el financiamiento partidario. Es una reforma con implicaciones profundas para el equilibrio político construido durante décadas. Detrás del discurso de austeridad y simplificación institucional surge una duda: ¿hacia dónde se dirige el sistema político mexicano?
Desde la reforma de Reyes Heroles en 1977, el sistema electoral mexicano se diseñó con un objetivo central: impedir que una sola fuerza política monopolizara la representación. De ahí surgieron los mecanismos de representación proporcional (RP), las diputaciones plurinominales y la construcción de un árbitro electoral autónomo que culminó en el actual Instituto Nacional Electoral. Ese diseño institucional permitió algo que parecía imposible: el tránsito de México de un régimen de partido hegemónico hacia un sistema plural competitivo. La reforma propuesta por Sheinbaum parece moverse en la dirección opuesta.
La reforma pretende modificar el sistema de RP para sustituir buena parte de las listas plurinominales por la figura de los “mejores segundos lugares” en los distritos electorales. En apariencia, el cambio busca acercar más a los legisladores a los votantes. En la práctica, puede tener un efecto político muy distinto: sobrerrepresentar a la fuerza política dominante a costa de los partidos minoritarios en el Congreso. El sistema electoral mexicano siempre ha sido una delicada ingeniería institucional para equilibrar dos principios en tensión: gobernabilidad y pluralismo. Si la reforma debilita los mecanismos de RP, ese equilibrio podría romperse a favor de la mayoría dominante.
Por otro lado está la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La medida resulta popular: los partidos son percibidos como estructuras costosas y poco confiables. Pero en la práctica, el financiamiento público cumple una función clave: evitar que la competencia política dependa exclusivamente de recursos privados o del control territorial de las fuerzas políticas. Reducir ese financiamiento tiende a afectar más a los partidos pequeños que a los grandes aparatos políticos. La reforma puede acelerar la concentración del sistema de partidos.
Durante tres décadas, la construcción de instituciones electorales autónomas fue uno de los pilares de la transición democrática mexicana. El fortalecimiento del entonces IFE –hoy INE– permitió sacar las elecciones del control directo del gobierno. Las reformas que reducen presupuesto, estructura o facultades del instituto no necesariamente eliminan su autonomía formal. Pero sí pueden debilitar su capacidad operativa y simbólica. En política, las instituciones no solo funcionan por lo que dicen las leyes, sino por el equilibrio de poder que las rodea.
El resultado agregado de todos estos cambios podría ser la aparición de un nuevo tipo de sistema político: una democracia con elecciones competitivas, pero con una mayoría estructural difícil de desafiar. No sería el regreso del viejo régimen del siglo 20, pero sí podría parecerse a un modelo de partido predominante. Durante la época del partidazo no se sostuvo únicamente por fraude electoral, también por un diseño institucional que permitía la competencia, pero aseguraba que el resultado final fuera siempre favorable al poder.
La democracia mexicana de las últimas tres décadas intentó romper precisamente con ese modelo. Por eso el debate sobre la reforma electoral es un debate sobre el tipo de sistema político que México quiere tener en el futuro. El verdadero dilema es si la democracia mexicana puede permitirse ser menos plural.
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