La marcha del 15 de noviembre, convocada por la generación Z, terminó por revelar más del gobierno que de los propios manifestantes. Lo del Zócalo no sólo fue un operativo fallido; fue un recordatorio incómodo del desgaste que enfrenta la Cuarta Transformación (4T) cuando las calles dejan de obedecer su libreto. Ni la retórica oficial ni la máquina de contención digital pudieron borrar la evidencia: un gobierno sorprendido por la movilización, superado por su propio aparato policial y desconcertado frente a un reclamo que rompió el cerco discursivo.
La protesta con identidad juvenil rápidamente se convirtió en un espacio político más amplio. Llegaron jóvenes, sí, pero también familias, colectivos, víctimas y opositores que vieron la oportunidad de forzar al gobierno a mirar donde no quiere: la violencia, la inseguridad, la impunidad y la creciente sensación de que el Estado no está cumpliendo con su parte. La generación Z funcionó como un imán simbólico, pero fue el hartazgo el que movió a las masas. Y ese hartazgo, aunque el gobierno lo niegue, viene creciendo en sectores que antes eran más benévolos con la 4T.
Lo ocurrido en el Zócalo fue el punto de fractura. El operativo policial exhibió una mezcla peligrosa de improvisación, órdenes contradictorias y un uso excesivo de la fuerza. Las imágenes -policías golpeando a manifestantes, detenciones desordenadas, periodistas agredidos- no sólo son un problema de comunicación: son un síntoma de un Estado que presume protocolos modernos, pero actúa con reflejos viejos (como déjà vu del 68).
Sheinbaum calificó a algunos protestantes como “provocadores”, como si identificar actores políticos involucrados fuera suficiente para deslegitimar la movilización. Esa estrategia fracasa rotundamente con quienes buscaban respuestas sobre seguridad, no un contragolpe discursivo. Minimizar la presencia juvenil fue otro error: confirma una desconexión preocupante entre un gobierno que presume sensibilidad social y una realidad generacional que no se siente interpelada por la 4T.
En el fondo, el episodio expuso grietas en su llamado “segundo piso”. La coordinación entre niveles operativos, mandos policiales y vocería política simplemente no funcionó. Un gobierno que se presenta como experto en la gestión de protestas y que presume estabilidad institucional no puede permitirse este tipo de fallas sin pagar un costo político significativo. La 4T apostó demasiadas veces a que su discurso sería un blindaje suficiente: el sábado quedó claro que ya no lo es.
Para Morena, el costo es doble. Por un lado, la oposición encontró un terreno fértil para mostrar a un gobierno incapaz de manejar una protesta sin caer en excesos. Por otro, diversos sectores juveniles encontraron un símbolo de resistencia y un punto de articulación. Un movimiento que inicia desordenado puede, con la torpeza del poder, convertirse en una fuerza política duradera.
Si Sheinbaum insiste en cerrar filas, minimizar daños y culpar a infiltrados, perderá una oportunidad crucial de recomponer legitimidad institucional. La marcha del 15 de noviembre no fue un episodio aislado: fue una advertencia. Y, como toda advertencia, ignorarla puede tener consecuencias que van mucho más allá del Zócalo.
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