El amparo desarmado

Pocas instituciones en México simbolizan con tanto vigor la defensa del ciudadano frente al poder como el juicio de amparo. Instaurado en el siglo 19 como respuesta al autoritarismo presidencialista, el amparo representó durante décadas el mecanismo más eficaz para contener los abusos del Estado. Por eso resulta especialmente grave que el gobierno de la cuarta transformación (4T) haya impulsado una reforma que, bajo el pretexto de “democratizar la justicia”, en realidad desmantela su fuerza protectora.

La reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena en el Congreso es, sin rodeos, una victoria del Estado sobre el ciudadano. Su objetivo es limitar la capacidad de los jueces para suspender leyes, decretos o actos de autoridad que violen derechos fundamentales. En adelante, los efectos de un amparo serán estrictamente individuales: si un juez declara inconstitucional una norma, su decisión ya no detendrá su aplicación general, sino sólo en el caso del demandante.

Este cambio técnico tiene consecuencias políticas profundas. Supone que, incluso si un tribunal reconoce que una ley es injusta o contraria a la Constitución, el resto de los ciudadanos deberá seguir padeciéndola. Se cancela la posibilidad de frenar de manera inmediata los abusos del poder. Se abandona la idea de que el derecho puede ser un límite al gobierno para convertirlo en un mero ritual jurídico sin impacto real.

El discurso oficial intenta justificar la reforma acusando a los jueces de “bloquear políticas públicas” o de “interferir con la voluntad popular”. En realidad, lo que molesta a la 4T no es el exceso judicial, sino la existencia misma de un contrapeso. Lo que se pretende es silenciar a los jueces incómodos y blindar las decisiones políticas frente a cualquier revisión constitucional. El Ejecutivo, disfrazado de pueblo, se erige en poder absoluto.

Particularmente preocupante es el efecto sobre los derechos colectivos. Con las nuevas restricciones, comunidades indígenas, ambientalistas o grupos de defensa del territorio ya no podrán obtener suspensiones que frenen megaproyectos mientras se revisa su legalidad. Obras como el Tren Maya, Dos Bocas o el Corredor Interoceánico podrán continuar sin importar los daños sociales o ecológicos que provoquen. La justicia preventiva desaparece; sólo quedará la reparación tardía, si acaso.

La reforma desnaturaliza el sentido mismo del amparo. Lo que nació como escudo del ciudadano se convierte en una coraza del Estado. En lugar de un derecho para defenderse de la autoridad, se trata ahora de un procedimiento domesticado, subordinado al poder político. El amparo se desarma, y con él, el equilibrio democrático que impedía que el gobierno se colocara por encima de la Constitución. El discurso populista sirve de coartada moral para vaciar la república de sus contrapesos.

La 4T no ha abolido el juicio de amparo: lo ha vaciado de poder. En nombre del pueblo, ha reducido la capacidad del individuo para defenderse del Estado. Y cuando el Estado deja de temer al ciudadano, la democracia deja de ser un sistema de libertades para convertirse en un régimen de obediencia: un paso más hacia la impunidad del poder.

X: @Ismaelortizbarb

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