Desde el inicio de la Cuarta Transformación (4T) -y ahora bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum- la fórmula oficial para enfrentar la inseguridad se mantiene incólume: “atender las causas”. La frase opera como mantra, paraguas discursivo y escudo político. En ella se deposita la esperanza de que, algún día, cuando la desigualdad retroceda y las oportunidades crezcan, la violencia dará marcha atrás. Es una promesa noble, pero profundamente insuficiente frente a la urgencia nacional. Porque mientras el gobierno apuesta a soluciones de largo plazo, el crimen organizado avanza a una velocidad inquietante.
El problema es la asimetría temporal: mientras las políticas sociales requieren años para consolidarse; las organizaciones criminales toman territorios en cuestión de semanas. Pueblos y ciudades enteras viven bajo la lógica del cobro de piso, el control territorial, la extorsión como impuesto y la violencia como forma de gobierno. La presencia del Estado es intermitente; la de los grupos armados es permanente, organizada y cada vez más sofisticada (no solo se diversifican sino incluso operan a nivel internacional).
Frente a esta realidad, la estrategia del gobierno federal padece un pecado original: confundir la prevención con la sustitución de la acción coercitiva del Estado. Atender las causas nunca fue -ni puede ser- una alternativa al combate al crimen organizado. Pero en la práctica se ha convertido en eso. El gobierno repite que la violencia disminuirá “cuando las políticas sociales maduren”, como si el país tuviera margen para esperar. La paciencia histórica es una virtud académica, no una política pública viable en un contexto donde el Estado pierde control territorial de forma acelerada.
Los grupos criminales que dominan regiones completas del país no son jóvenes descarriados que necesitan becas: son poderes paralelos con capacidad financiera, armamento de grado militar, alianzas internacionales y control social. Actúan como actores políticos de facto. Y frente a ellos, la administración federal ha elegido una línea de baja confrontación que pretende legitimarse como pacifismo, pero que en realidad opera como omisión institucional. La seguridad no se construye desde patrullajes esporádicos ni desde conferencias matutinas: se construye desmontando las redes económicas y territoriales del crimen.
Sheinbaum insiste en que su gobierno mantendrá la combinación de programas sociales, inteligencia y coordinar a las fuerzas federales. Pero elude lo esencial: México requiere una política de disuasión real, no un discurso de esperanza. Sin golpes a las finanzas criminales, sin recuperación sistemática de territorios, sin reconstrucción profesional de policías locales, sin protección efectiva a autoridades municipales, periodistas y empresarios, el poder delincuencial seguirá expandiéndose.
Sin duda, atender las causas es necesario. Pero cuando se usa para evitar la confrontación estratégica, se convierte en un argumento cómodo y políticamente rentable. El país no tiene ese tiempo. Mientras el gobierno apuesta al largo plazo, el crimen organizado ya gobierna el aquí y ahora. La verdadera batalla no es por las causas: es por el control del territorio. Y hoy, México la está perdiendo.
Ex abrupto: Antes, a los flojos les decíamos: “Que te mantenga el gobierno”, sin pensar que un día ocurriría.
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