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Tostado debe aclarar ingresos y nexo de despacho

Tostado debe aclarar ingresos y nexo de despacho

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, José Luis Tostado Bastidas, debe transparentar los ingresos que recibe del despacho RTFM, del cual es socio, así como las actividades que realiza en el mismo, para que pueda deslindarse en las investigaciones sobre la triangulación de recursos para beneficiar a empresas del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Lo anterior fue señalado por la ex titular del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) Lucía Almaraz Cázarez, quien también consideró que es importante que se dé a conocer su declaración de conflicto de interés.

‘El Diario NTR’ Guadalajara dio a conocer ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a un despacho relacionado con la firma jurídica de la que forma parte José Luis Tostado Bastidas, ya que dos de sus socios forman parte de otro despacho, Ferro y Méndez, señalado por su presunta participación en la triangulación de recursos públicos que habrían terminado en empresas del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El despacho Ferro y Méndez, formado por Juan Carlos Ferro Hernández y Antonio Méndez Ruiz, recibió recursos que salieron del gobierno de Nuevo León y que luego se entregaron a una empresa en la que son socios Samuel García y su padre, por lo que fue incluido en una lista de 51 personas morales y físicas investigadas por la UIF. Estos dos abogados aparecen como socios del despacho RTFM, del cual forma parte Tostado Bastidas.

Entrevistada al respecto en InformativoNTR, Almaraz Cázarez aclaró que el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) pida una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera no necesariamente significa que hay una acusación, además que el diputado José Luis Tostado no es señalado directamente.

A pesar de lo anterior, afirmó que la presunción de inocencia “no es un salvoconducto ético” porque quien ocupa un cargo debe ser confiable para los ciudadanos. La transparencia de la situación del diputado es relevante, afirmó, para que se aclare si no ha usado los puestos que ha ocupado de manera indebida.

 

 

BG/I

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