A una semana de que el Congreso de Jalisco aprobó sancionar la intimidación vial, la reforma todavía no llega a las calles. Bicicleta Blanca exigió al gobernador Pablo Lemus publicar el decreto y a las autoridades estatales y municipales preparar los mecanismos para recibir denuncias y aplicar las nuevas sanciones contra quienes utilicen sus vehículos para perseguir, amedrentar o presionar a peatones y ciclistas. El colectivo advirtió que la aprobación legislativa es apenas una “victoria parcial” si la medida queda en el papel. 

En un posicionamiento difundido este viernes durante su manifestación mensual, el colectivo consideró que la aprobación de la reforma a la Ley de Movilidad y Transporte representa un avance para que peatones y ciclistas puedan trasladarse de manera segura, pero señaló que se trata apenas de una “victoria parcial” mientras las autoridades no establezcan las condiciones para hacerla efectiva.

Bicicleta Blanca señaló que la intimidación vial es una conducta cotidiana para peatones y ciclistas y sostuvo que su reconocimiento en la legislación puede contribuir a que las calles sean más seguras y a que más personas encuentren en la bicicleta una alternativa viable de transporte.

Sin embargo, el colectivo exigió al gobernador Pablo Lemus publicar el decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y advirtió que, mientras esto no ocurra, la reforma no podrá avanzar hacia su aplicación.

Además, solicitó que la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y los municipios se capaciten sobre las nuevas disposiciones y diseñen mecanismos para recibir denuncias y aplicar las sanciones administrativas.

El llamado se dio en el marco de la movilización mensual en distintas vialidades de la ciudad para exigir que se retome la agenda de movilidad ciclista, particularmente mediante la construcción de infraestructura segura y la implementación de medidas de control de velocidad.

De acuerdo con cifras del propio colectivo, durante 2026 han muerto ocho ciclistas en Jalisco; 21 han fallecido durante la actual administración estatal y suman 352 desde 2009.

La reforma, aprobada con 31 votos, sanciona el uso de vehículos para intimidar a peatones y ciclistas. Incluye perseguirlos, aproximarse abruptamente, simular una embestida o usar de forma persistente el claxon y las luces para obligarlos a ceder el paso.

Las sanciones van de 24 a 36 horas de arresto administrativo, con posibilidad de conmutarlo por 90 horas de trabajo comunitario y un curso de sensibilización.

CES