Incluir el reclutamiento forzado en el Código Penal de Jalisco resulta ineficiente si no se acompaña de políticas públicas directas y reformas que protejan a las víctimas, advirtió Joseph Olid, especialista en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos.

Tras el avance en el Congreso local del dictamen que busca sancionar este delito con hasta 15 años de prisión, el jurista enfatizó que el incremento en las penas no resuelve el problema de fondo.

El especialista detalló que la reforma presenta deficiencias operativas, pues se omitió modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado para precisar qué área será la encargada de ejecutar la acción penal, dejando el procedimiento a criterio de la misma fiscalía. Al respecto, estimó que la responsabilidad debería ser asignada formalmente a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Por otro lado, Olid subrayó la urgencia de promover modificaciones a la Ley General de Víctimas desde el Congreso de la Unión, con el fin de establecer un tratamiento especial cuando una persona víctima de reclutamiento sea obligada a cometer un delito.

El constitucionalista enfatizó que quien ha sido sometido a un proceso de intimidación, violencia o captación no puede ser juzgado ni sancionado con la misma severidad que un delincuente ordinario. Por ello, urgió a garantizar mecanismos legales que eviten la revictimización y criminalización de niñas, niños, jóvenes y adultos en esta condición.

AL