Aunque en Jalisco existen mecanismos civiles y penales para exigir el pago de pensiones alimenticias, 67.5 por ciento de las madres solteras no recibe este recurso, de acuerdo con el estudio La obligación del Estado y el derecho a una pensión alimenticia para niños, niñas y adolescentes en Jalisco 2020-2024, que propone crear un fondo estatal subsidiario, permitir a jueces investigar de oficio los ingresos de los deudores y facultar a SIPINNA para vigilar e inscribir a morosos.

En Jalisco, los juicios para reclamar alimentos se tramitan mediante la vía sumaria, que contempla plazos para agilizar el procedimiento: cinco días para contestar la demanda, 10 para el desahogo de pruebas y 15 para emitir sentencia. Sin embargo, los autores identifican dilaciones, burocracia y dificultades cuando el deudor reside fuera del partido judicial o emigra a Estados Unidos.

El estudio señala que algunos deudores evaden el pago mediante renuncias laborales, simulación de insolvencia o dilaciones procesales, lo que deja la carga económica y de cuidados en el progenitor custodio.

En Jalisco, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se activa tras 90 días de incumplimiento, pero los autores consideran que su alcance es limitado y no garantiza recuperar la deuda pendiente.

En materia penal, el Código Penal de Jalisco contempla el delito de abandono de familiares, con penas de seis meses a cuatro años de prisión, multas, reparación del daño y posibles consecuencias sobre la patria potestad. La investigación advierte que las salidas alternativas pueden concluir los procesos sin garantizar que el pago de la pensión continúe en el futuro.

Ante este escenario, los autores plantean que el Estado establezca un fondo económico subsidiario para otorgar temporalmente pensiones a familias vulnerables cuando el deudor sea insolvente y no existan otros familiares obligados a responder. El Estado podría posteriormente reclamar el monto al deudor.

También proponen que los jueces familiares puedan investigar de oficio los ingresos reales de los obligados mediante información financiera y registros públicos, así como que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  (SIPINNA) y las procuradurías de protección vigilen el cumplimiento e inscriban de oficio a los deudores después de acumular dos cuotas impagas.

CES