El aumento de casos de desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 19 años en los últimos meses responde a un problema que las autoridades han permitido crecer por falta de prevención, advirtió la académica e investigadora del ITESO, Alejandra Guillén.

La especialista explicó que este fenómeno está directamente relacionado con el interés del crimen organizado por reclutar y controlar a menores de edad, combinado con las trampas de engaños laborales y ofertas de empleo falsas a las que recurren las y los jóvenes ante la necesidad económica de apoyar a sus familias.

Guillén reprochó que la sociedad tienda a culpabilizar a las familias o a los propios menores por caer en estas redes engañosas.

"Al tratarse de menores de edad no se puede argumentar que tengan una plena capacidad de decisión; existen entornos de vulnerabilidad, necesidades económicas y, sobre todo, una sociedad y un Estado que no los está protegiendo", puntualizó.

Ante esta situación, la académica del ITESO urgió a la ciudadanía a mantener una red comunitaria de cuidados, estar atentos a los entornos de los menores y vigilar los espacios o plataformas donde suelen ser abordados o captados.

Acerca de la reciente reforma aprobada en Jalisco para sancionar el reclutamiento forzado de menores, Guillén reconoció que representa un primer paso, pero subrayó que debe abordarse con urgencia como una política federal, advirtió sobre los "vacíos legales" que persisten en la normativa local, como el riesgo de criminalización y la falta de efectividad.

AL