La indemnización por más de 684 mil pesos otorgada al exsecretario ejecutivo del IEPC, Christian Flores Garza, es una decisión jurídicamente cuestionable que debe ser auditada para determinar si existió una ilegalidad en el uso de recursos públicos, advirtió Vicente Viveros, especialista en transparencia y sistemas anticorrupción en Jalisco.

Asimismo, el especialista reprochó que el IEPC carezca de una reglamentación interna que obligue a someter las liquidaciones de directivos a la aprobación del Pleno del Consejo General. Explicó que dejar estas decisiones exclusivamente en el ámbito ejecutivo genera vacíos de discrecionalidad y potenciales conflictos de interés, sobre todo cuando los cálculos son avalados por subalternos del beneficiado.

Viveros detalló que existen tres instancias facultadas para revisar y deslindar responsabilidades sobre este caso: el Órgano Interno de Control (OIC) del propio Instituto Electoral, los tribunales laborales competentes y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

El analista señaló que la aplicación del artículo 680 del Código Electoral para justificar el finiquito de un funcionario de confianza carece de sustento adecuado, por lo que urgió a esclarecer tanto la legalidad del pago como la legitimidad con la que actuaron las autoridades involucradas.

AL