Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el desplazamiento forzado exponen la gravedad de este delito en Jalisco y el resto del país, que se da en un contexto de violaciones a los derechos humanos impulsado por la delincuencia organizada, advirtió el especialista en derechos humanos, género y democracia, Pablo Navarrete Gutiérrez.

El especialista lamentó que este fenómeno evidencia la pérdida de control del Estado sobre diversos territorios, así como la incapacidad de las instituciones para salvaguardar la vida e integridad de las familias.

Asimismo, reprochó la ausencia de políticas públicas integrales orientadas a garantizar la seguridad preventiva y a ofrecer asistencia real a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares para rehacer su vida:

"Es evidente que se requiere una política pública de prevención donde el Estado garantice seguridad a la ciudadanía; es una obligación constitucional y convencional. Una vez ocurridas las amenazas y el desplazamiento, las familias deben ir protegidas por el propio Estado con las condiciones mínimas para su subsistencia", enfatizó Navarrete Gutiérrez.

El especialista denunció que, en múltiples regiones, el desplazamiento provocado por el crimen organizado ocurre en complicidad con autoridades locales, lo que agrava la crisis de seguridad, rompe el Estado de derecho y aumenta el riesgo al presentar la denuncia.

Finalmente, Pablo Navarrete hizo un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación a no normalizar el desplazamiento forzado, advirtiendo que aceptar la expulsión de familias de sus comunidades como un hecho cotidiano invisibiliza la responsabilidad de las autoridades.

AL