A 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no existe una sola sentencia condenatoria firme por este delito, mientras que la mayoría de los implicados se encuentran en proceso o han obtenido su libertad, condenó Isidro Vicario Aguilar, abogado defensor de las familias.

A pesar del descontento por la impunidad, las madres y padres de los normalistas reconocieron la reunión sostenida el pasado 27 de agosto con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde las autoridades presentaron avances en la digitalización del expediente, la identificación de personas que tuvieron acceso a las líneas telefónicas de los estudiantes tras la agresión y diversas aprehensiones.

Entre las acciones destacadas por los familiares se encuentra la detención de exfuncionarios de alto nivel como el exprocurador Jesús Murillo Karam y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Aunque ninguno ha aportado datos sustanciales sobre el paradero de los jóvenes, las familias enfatizan que ambos tendrían información clave durante la noche de Iguala.

Sin embargo, los familiares reprocharon que las investigaciones vuelven a estancarse al aproximarse a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, condenaron la falta de apertura sobre la actuación del 27/o Batallón de Infantería de Iguala y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Asimismo, criticaron que desde instancias oficiales e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se intenta diluir la responsabilidad institucional del Estado, reduciendo la agresión a un acuerdo exclusivo entre policías municipales y el crimen organizado.

Respecto a la identificación de restos, la defensa recordó que formalmente sólo hay tres estudiantes identificados de manera científica. Si bien en febrero se realizó una diligencia en el Recinto Funeral El Ángel, aún no existe certeza ni peritajes concluyentes que confirmen la identidad de las muestras localizadas.

Por ello, Isidro Vicario desmintió categóricamente versiones periodísticas, como las difundidas por La Jornada, que aseguraban la localización de 20 restos de normalistas.

A doce años de la tragedia, la exigencia central de las familias permanece intacta: ¿Dónde están los estudiantes?

AL