A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno de México informó sobre nuevos avances en las líneas de investigación, obtenidos mediante el uso de nuevas tecnologías y el reanálisis de información disponible.
Las autoridades señalaron que el procesamiento de registros telefónicos, el seguimiento al uso de los celulares de algunos de los estudiantes después de su desaparición y el análisis de los vínculos entre integrantes de grupos criminales y posibles servidores públicos permitieron abrir nuevas líneas de investigación.
El reanálisis de las comunicaciones del día de los hechos permitió identificar a 17 nuevos sujetos de investigación, entre ellos elementos de la Policía Estatal de Guerrero y presuntos integrantes de los grupos criminales Los Bélicos y Guerreros Unidos.
La información también permitió orientar nuevas acciones de búsqueda en territorio y solicitar órdenes de aprehensión, además de concretar detenciones.
Uno de los nuevos elementos corresponde a una funeraria denominada El Ángel, donde durante un cateo fueron localizados restos óseos, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentación relacionada con un nutriólogo y un horno clandestino.
En el inmueble también fueron encontrados certificados de defunción y documentos para el traslado e inhumación de cuerpos, algunos de ellos firmados y sellados, pero sin información asentada.
Posteriormente, en el Servicio Médico Forense relacionado con el mismo predio se localizaron restos sin registro, expedientes duplicados, piezas dentales y restos calcinados. Las diligencias realizadas hasta junio de 2026 permitieron localizar 23 indicios, entre fragmentos óseos y restos biológicos.
Uno de los restos localizado en marzo de 2026 presentó coincidencia genética con otro fragmento encontrado en 2021, a 123 kilómetros de distancia.
A partir de estos hallazgos fueron detenidos Rodolfo “N”, propietario de la funeraria, y su hijo, ambos vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva. La Fiscalía investiga si el establecimiento formaba parte de una posible red para ocultar cuerpos o destruir evidencias.
El uso de los teléfonos de los estudiantes
Otro de los avances corresponde al análisis de los teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos.
La Fiscalía General de la República estableció que el teléfono de Jorge Antonio Tizapa Legideño fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014, casi un mes después de su desaparición. Las autoridades identificaron como usuario a un exservidor público de Iguala y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra en agosto de 2026.
También se determinó que el teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza fue utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala y posteriormente por su pareja.
En otro caso, el dispositivo de Israel Caballero Sánchez fue utilizado después de su desaparición por la esposa de un exservidor público adscrito a la barandilla municipal.
De acuerdo con la Fiscalía, estos elementos fortalecen la línea de investigación relacionada con el posible traslado de algunos estudiantes a instalaciones municipales.
Las autoridades también informaron que lograron identificar plenamente a un testigo que durante años fue mencionado únicamente mediante un alias. Se trata de un joven que tenía 14 años al momento de los hechos y que, según la investigación, colaboraba con Guerreros Unidos como halcón.
El hombre fue identificado plenamente en octubre de 2025 y detenido en abril de 2026. Posteriormente manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y proporcionar información sobre la desaparición de los estudiantes.
En julio de 2026, según la Fiscalía, aportó datos que permitieron fortalecer la investigación sobre la participación de integrantes de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas.
GR
