La desinformación y el uso de inteligencia artificial (IA) representan nuevos retos de cara a las elecciones de 2027, particularmente por la dificultad para identificar el origen y alcance de contenidos manipulados, señaló Luis Antonio Corona Nakamura, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante un foro sobre los retos y alcances del proceso electoral federal 2026-2027, explicó que las tecnologías digitales pueden transformar las campañas, pero también generar riesgos para la equidad de la contienda.
Añadió que las autoridades deberán fortalecer los criterios para valorar la evidencia digital y determinar la autenticidad de los contenidos, así como su posible impacto en el proceso electoral.
Advirtió que las redes sociales facilitan la rápida difusión de mensajes falsos y contenidos que buscan generar miedo, odio o desconfianza. También mencionó el uso de bots, granjas de cuentas y perfiles falsos para amplificar narrativas o atacar a candidaturas y autoridades.
Ante este escenario, consideró que uno de los retos será regular sin censurar, de manera que se proteja la libertad de expresión sin permitir que la desinformación afecte la democracia. Como recomendación a la ciudadanía, llamó a mantenerse atenta a los contenidos que circulan en redes sociales y verificar la información antes de asumirla como verdadera.
El consejero señaló que los retos del proceso electoral no corresponden únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) o a los tribunales, sino que requieren la participación de partidos políticos y ciudadanía.
Entre ellos enumeró organizar elecciones bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia; aprovechar la tecnología de manera responsable; combatir la desinformación, el dinero ilícito, la violencia y la posible intervención del crimen organizado, y garantizar la tutela de los derechos político-electorales.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a involucrarse en el proceso electoral federal, tanto mediante la participación como funcionarios de casilla y observadores electorales como ejerciendo su derecho al voto.
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