Amnistía Internacional emitió una severa condena por la actuación policial y las detenciones arbitrarias registradas tras la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva del organismo en México, advirtió que la preocupación actual de la entidad internacional se centra en dos ejes prioritarios: el debido proceso de las personas criminalizadas y la impunidad de los mandos policiales.

En primer lugar, Olivares Ferreto enfatizó que las y los manifestantes que enfrentan procesos penales tienen derecho a la presunción de inocencia, así como a contar con una defensa jurídica adecuada y libremente elegida, un principio que, según han denunciado colectivos locales, está siendo vulnerado por las autoridades judiciales de Jalisco.

Como segundo punto clave, la representante internacional exigió que las investigaciones para esclarecer la represión no queden en manos de las propias corporaciones de seguridad implicadas, sino que se abra la participación activa a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil que han documentado las agresiones.

"No es posible que tengamos a la policía investigándose a sí misma. Es imprescindible saber qué pasó exactamente, quién dio la orden de reprimir o si los agentes actuaron por cuenta propia sin control de sus mandos", sentenció Olivares Ferreto.

La directora de Amnistía Internacional reprochó que el uso excesivo de la fuerza pública por parte de las corporaciones estatales tuvo como objetivo intencional instalar un clima de terror entre la población para disuadir y desmovilizar futuras protestas ciudadanas.

Finalmente, la activista recordó que la policía tiene el deber primario de resguardar y garantizar la integridad de quienes ejercen su derecho a la libre manifestación y en caso de que se presenten conatos de violencia o riesgo por parte de grupos aislados, los agentes deben neutralizar exclusivamente esos actos sin disolver de manera general ni agredir al resto del contingente.

AL