La sorpresiva renuncia de Salvador Zamora de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se produce en medio de una severa crisis, entre el colapso hídrico metropolitano y los cuestionados operativos policiales durante las marchas del 11 y 18 de octubre, sin resolver la incógnita sobre quiénes ordenaron la actuación de los cuerpos de seguridad, reprochó Nancy García Vázquez, investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La académica enfatizó que, aunque el funcionario saliente no estuviera presente físicamente en la ciudad durante la primera movilización, su responsabilidad jerárquica le exigía estar informado y rendir cuentas públicas, postura que nunca asumió.

Para García Vázquez, la administración estatal está obligada a transparentar a la ciudadanía las verdaderas razones detrás de esta renuncia y no pretender cerrar el expediente mediante la salida del funcionario, asimismo, exigió investigar a fondo si existió omisión o instrucción formal por el uso violento de la fuerza contra los manifestantes.

"Esta decisión demuestra una crisis profunda dentro del gabinete de Pablo Lemus Navarro. Se pone en jaque la credibilidad del gobernador y de sus operadores. Es momento de abandonar la 'política de la foto' ante problemas estructurales que no se resuelven con despidos", aseveró la especialista.

La investigadora añadió que este reacomodo institucional envía señales de fractura en la relación del Ejecutivo con el Congreso del Estado, reflejando una crisis de gobernabilidad provocada por el mal manejo de las protestas ciudadanas.

Respecto al relevo en la Secretaría General de Gobierno, García Vázquez planteó que la prioridad del nuevo titular debe ser la reconstrucción inmediata de los puentes institucionales con los colectivos sociales y las organizaciones civiles afectadas.

"Sería positivo que la nueva conducción retome el diálogo de forma más constructiva posible. Asimismo, la autoridad debe aclarar quiénes coordinaron los operativos policiales, yendo más allá de la descalificación hacia los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación", concluyó la investigadora de la UdeG.

AL