El diputado de la bancada de Hagamos, Enrique Velázquez González, asumirá la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco el próximo 1 de noviembre para un periodo de seis meses. El legislador anticipó un semestre complejo pero decisivo, al señalar que la entidad enfrenta una de las peores crisis sociales y políticas de las últimas tres décadas.
Velázquez González enfatizó que durante su gestión al frente del Poder Legislativo buscará hacer valer la autonomía de la Soberanía estatal frente al Poder Ejecutivo:
"El Congreso jugará el papel institucional que le corresponde como un poder autónomo: no estamos por encima de ningún otro poder, pero tampoco por debajo de nadie", aseveró el parlamentario.
El próximo presidente del Congreso señaló que la discusión presupuestal para el siguiente año requerirá una reorientación técnica de los recursos públicos para hacer frente a la crisis que atraviesa Jalisco en materia de agua y seguridad, llamando a todas las fuerzas políticas a priorizar consensos.
Respecto a la renuncia de Salvador Zamora Zamora a la Secretaría General de Gobierno, Velázquez González recalcó que el movimiento es un ajuste habitual de gabinete, aunque recordó el reclamo que hizo el Congreso por la falta de apertura por parte de la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro.
El legislador señaló que existía una marcada deficiencia en la comunicación directa entre el Gobierno de Jalisco y los diputados de las distintas bancadas.
"El relevo en la Secretaría General de Gobierno debe verse como una oportunidad para reconstruir los puentes de comunicación, velar por el equilibrio de poderes y defender los derechos de las y los ciudadanos", puntualizó.
Finalmente, Enrique Velázquez anunció que una de sus prioridades al frente de la Mesa Directiva es defender las leyes que promulgan, denunciando la existencia de un "cuello de botella" en la publicación formal de normas.
Subrayó que, si bien la promulgación en el Periódico Oficial del Estado es una atribución constitucional del Poder Ejecutivo, la retención u omisiones en la publicación de decretos aprobados por el Pleno deterioran la certeza jurídica y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
AL
