Personas detenidas durante una manifestación por la contaminación del agua, realizada el 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, denunciaron presuntas agresiones físicas, tortura, incomunicación e irregularidades ministeriales durante su detención.

La abogada Adriana Arreola y la doctora Daniela Álvarez, ambas víctimas de los hechos ocurridos durante la manifestación por el agua, así como su abogado José Francisco Salazar, señalaron que más de 40 personas fueron retenidas dentro del perímetro de la residencia oficial del Gobernador, donde, aseguraron, sufrieron golpes, amenazas y actos de humillación.

De acuerdo con sus testimonios, fueron sometidas por elementos policiales y trasladadas posteriormente en un autobús sin identificación oficial a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, ubicadas en la Calle 14, en Guadalajara.

Las personas afectadas sostuvieron que la protesta tenía como objetivo exigir soluciones a los problemas de contaminación y calidad del agua, y rechazaron haber cometido actos violentos que justificaran el uso de la fuerza.

Adriana Gabriela Arreola Dueñas, abogada y representante del colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, afirmó que durante su retención fue golpeada, atada con una mascada y sometida a actos de exposición corporal y burlas.

También denunció amenazas de desaparición por parte de los agentes que participaron en el operativo.

Daniela Álvarez Cepeda, médica que participó en la protesta, relató que varias personas resultaron lesionadas y que una manifestante presentó episodios de convulsiones sin recibir la atención médica que requería.

Las denunciantes señalaron que las agresiones continuaron en las instalaciones de la Fiscalía, donde, afirmaron, se les negó información clara sobre su situación jurídica y se les impidió comunicarse oportunamente con familiares y abogados particulares.

Las víctimas también acusaron al personal ministerial de modificar documentos relacionados con su liberación y de incorporar actuaciones que, aseguran, no corresponden con lo ocurrido durante su detención.

Según la documentación que dijeron haber recibido, algunos registros señalan que las personas se negaron a firmar su salida a las 17:00 horas, pese a que permanecieron retenidas hasta la madrugada del día siguiente.

Ante la falta de confianza en las instituciones estatales, las víctimas informaron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y promovieron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También solicitaron que la FGR ejerza su facultad de atracción para que la investigación no permanezca exclusivamente en el ámbito estatal.

Entre sus exigencias se encuentran esclarecer las circunstancias de las detenciones, identificar a los agentes y mandos que participaron en el operativo, investigar las presuntas agresiones y determinar si existieron alteraciones documentales o responsabilidades de funcionarios de mayor jerarquía.

Los denunciantes afirmaron, además, que después de los hechos han percibido actos de vigilancia e intimidación, incluidos acercamientos de agentes a sus domicilios.

Las víctimas de las detenciones también cuestionaron la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyos visitadores, aseguraron, no intervinieron para frenar las agresiones cometidas contra manifestantes.

Señalaron que personal del organismo estuvo presente durante parte de los hechos, pero se limitó a recabar nombres sin actuar ante los golpes, amenazas y violaciones a los derechos humanos que denunciaron. 

Por lo anterior, exigieron la destitución de las personas involucradas y una reestructuración a la dependencia.

AL