México retrocedió cuatro posiciones a nivel global para ubicarse en el lugar 125 de 143 países dentro del Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP). Con este resultado, el país se posiciona por debajo de casi toda Centroamérica, lamentó la especialista en seguridad y transparencia, Lucía Almaraz Cázarez.

El informe evalúa de forma técnica ocho dimensiones clave: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Lucía Almaraz profundizó en dos de los rubros más alarmantes del diagnóstico internacional, comenzando por el indicador de ausencia de corrupción, donde México cayó hasta el puesto 135 de 143, ubicándose entre las peores calificaciones del planeta.

Aclaró que esta caída no corresponde únicamente a la administración actual, sino a una acumulación histórica de fallas institucionales que contradicen el discurso oficial frente a la evidencia real.

"Desde 2018 se colocó la bandera del combate a la corrupción como eje central, pero siete años después los datos demuestran que no existe la transformación. El combate a la corrupción se ha quedado como una aspiración sostenida con más fuerza de discurso que de hechos", enfatizó la académica.

El escenario más crítico para la nación se registró en el rubro de justicia penal, donde México cayó al lugar 139 de 143 países, colocándose prácticamente en el fondo de la escala mundial tras sufrir el retroceso más drástico de toda la medición.

La especialista señaló que este desplome evidencia el fracaso para garantizar en la práctica los principios de publicidad, contradicción, inmediación, orden y seguridad.

Finalmente, Lucía Almaraz subrayó que el Estado de derecho busca asegurar que las leyes se apliquen con equidad e imparcialidad para todas las personas a través de instituciones funcionales, y no mediante el dinero, el nepotismo o el tráfico de influencias.

Destacó la relevancia de las mediciones independientes como la del World Justice Project para contrastar las promesas de los gobiernos con la realidad objetiva:

"Sin datos rigurosos y comparables, el debate público queda totalmente a merced de la narrativa de quien gobierna, privando a la ciudadanía de herramientas reales para verificar los resultados", concluyó.

AL