Con un rezago de al menos cuatro años en las búsquedas de personas y retrasos de meses o años para obtener órdenes de cateo, el colectivo Luz de Esperanza y los diputados Mariana Casillas, de Futuro, y Leonardo Almaguer, del PT, presentaron una iniciativa para permitir que la Comisión Estatal de Búsqueda realice búsquedas en terrenos y viviendas deshabitadas o abandonadas de libre acceso sin necesidad de una orden judicial. En caso de encontrar indicios de un delito, la Comisión deberá detener su intervención y dar paso a la Fiscalía del Estado.

La iniciativa plantea reformar los artículos 4 y 30 de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco para dar certeza jurídica a las búsquedas humanitarias y extrajudiciales en espacios a los que se pueda ingresar libremente, sin romper cerraduras ni forzar accesos. 

También propone incorporar definiciones de terrenos baldíos, viviendas deshabitadas y casas abandonadas, para precisar qué lugares podrían ser objeto de estas diligencias.

La propuesta no contempla el ingreso sin autorización a viviendas habitadas. En esos casos, la Comisión Estatal de Búsqueda necesitaría el consentimiento expreso de la persona que ocupa legalmente el inmueble o una orden judicial. Según los promotores, el objetivo es evitar que la falta de una orden de cateo retrase la búsqueda en lugares donde existen indicios de que podría haber una persona desaparecida.

Durante la presentación, Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, expuso que tienen pendientes dos órdenes de cateo solicitadas desde enero para realizar búsquedas en espacios abiertos de Zapopan. 

Según su testimonio, en uno de esos sitios localizaron un fémur y, en otro, nueve costales que, afirmó, contenían alrededor de tres cuerpos cada uno. Sin embargo, señaló que no han podido continuar con las diligencias debido a que siguen a la espera de las autorizaciones.

Se sostuvo que la búsqueda de personas debe comenzar sin demora y no depender de que exista una investigación penal en curso. También señaló que la espera para obtener una orden judicial puede prolongarse durante meses o incluso más de un año.

El periodista Lauro Rodríguez recordó que las familias buscadoras realizan rastreos en viviendas abandonadas desde, al menos, 2022. Como ejemplo, mencionó que el 25 y 26 de febrero de ese año fueron localizadas ocho fosas clandestinas en dos días, la mayoría en casas abandonadas de Tlajomulco. Añadió que, de acuerdo con el registro que revisó, ese municipio llegó a 100 fosas clandestinas en septiembre de 2026.

Advirtió que el cambio legal tendría que acompañarse de más personal y presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda, a fin de evitar que la institución se convierta en otro obstáculo para las familias.

CES