Por orden judicial, el gobierno de Jalisco recuperó el martes la operación de la Planta Potabilizadora número 4 (PP4), ubicada en Toluquilla, que desde 2012 se encontraba bajo la operación de una empresa particular.
Actualmente, la planta potabiliza 200 litros por segundo; sin embargo, tiene capacidad potencial para alcanzar hasta mil litros por segundo.
La administración jalisciense también tomó control de los pozos profundos de la PP4 luego de que la empresa que los operaba fue denunciada por el presunto delito de fraude genérico ante irregularidades relacionadas con los recursos destinados a la prestación del servicio.
La intervención fue encabezada por Carlos Arias Madrid, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), e Ismael Jáuregui Castañeda, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutaron el operativo consistente en el aseguramiento de la planta potabilizadora ubicada en San Pedro Tlaquepaque.
El personal realizó actividades como revisión de documentos, inventario de equipos y bienes y la colocación de sellos de aseguramiento en las instalaciones para garantizar la continuidad de la operación de la planta.
“Es una estación que estaba operada por particulares desde el año 2012, de manera ilegal. Hoy, después de un litigio de más de seis años, logramos que un juez la restituyera a favor del Estado para que sea el organismo operador del Siapa el que opere esta planta y otorgue servicios y suministro de agua”, dijo Arias Madrid.
Como parte de los antecedentes del caso, el gobierno de Jalisco presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico relacionado con la operación de la planta.
De acuerdo con la información institucional, desde 2012 se realizaron pagos cercanos a 700 millones de pesos (mdp) por la prestación del servicio; en contraste, las autoridades señalaron incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones realizadas en la infraestructura.
El gobierno de Jalisco aseguró que las investigaciones correspondientes continuarán ante las autoridades competentes, “respetando el debido proceso y las determinaciones judiciales”.
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